El juez del Juzgado de Instrucción número 1 en Castellón ha decidido iniciar un procedimiento abreviado contra siete personas investigadas por fraude de facturas y desvío de fondos públicos entre 2007 y 2017.
Según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el magistrado termina la investigación que comenzó en 2017 y concluye que las pruebas sugieren la posible comisión de prevaricación, malversación de fondos públicos y falsificación de documentos comerciales.
El auto ordena transferir los registros al Ministerio Fiscal y a las acusaciones para que en 10 días pidan la apertura de un juicio oral, presenten un escrito de acusación, soliciten el sobreseimiento del caso o, en casos excepcionales, realicen diligencias adicionales. De los siete investigados que están siendo procesados, dos son ex-funcionarios de la Subdelegación (uno con capacidad de habilitación y otro responsable de gestión financiera), mientras que los otros cinco son empresarios que dirigen un taller, una papelería, una carpintería y una librería. Las investigaciones contra 26 personas más fueron archivadas temporalmente y una de forma definitiva por fallecimiento.
FACTURAS FALSAS
Para lograrlo, se valieron de crear «facturas falsas por servicios no prestados» a esta administración «o por un monto diferente al realmente prestado», agrega. Según el auto,
El subdelegado de Gobierno correspondiente, ignorante de la trama y creyendo en la veracidad de estos servicios y prestaciones, firmó directa o indirectamente las conformidades con las facturas presentadas para su pago y ordenó los pagos a cargo de la Subdelegación.
El juez describe diferentes técnicas operativas en la presunta comisión del fraude, como el uso indebido de una tarjeta de gasolina asociada al vehículo oficial de la Subdelegación por parte de la persona con capacidad de habilitación, para recargar combustible en cuatro automóviles de su propio uso.
El auto también menciona acuerdos entre los funcionarios y varios proveedores empresariales para que estos facturen a la Subdelegación sin prestar ningún servicio o entregar ninguna mercancía, y compartan el dinero obtenido. También menciona la creación de facturas falsas a nombre de empresas que no existen o empresas existentes cuya administración desconoce la emisión de dichas facturas, ya que no corresponden a ninguna prestación.
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS
El texto finalmente habla de la compra de productos para uso personal por parte de los funcionarios en diferentes tiendas, como tiendas de productos de droguería, ferreterías y una copistería, así como reparaciones en dos viviendas privadas del habilitado y sus vehículos particulares, todo pagado con el dinero de la Subdelegación.
Un informe policial incluido en el caso estima el daño patrimonial causado a la administración en 984,113 euros. La resolución judicial no es definitiva y puede ser apelada y/o revisada.
