En estos días de pandemia y post-pandemia, nos andan lanzando toda una suerte de reclamos que retengan nuestra atención, sean bulos por doquier, sea crispación al por mayor, sean dianas de tiro al pato, sea endeudamiento hasta asfixiarnos, en definitiva, sea todo lo que sea para que no tomemos conciencia de la verdadera alternativa a...
En estos días de pandemia y post-pandemia, nos andan lanzando toda una suerte de reclamos que retengan nuestra atención, sean bulos por doquier, sea crispación al por mayor, sean dianas de tiro al pato, sea endeudamiento hasta asfixiarnos, en definitiva, sea todo lo que sea para que no tomemos conciencia de la verdadera alternativa a esta crisis y para que no exijamos que la paguen quienes nunca la han pagado.
Pero, ¡hete aquí!, que se produce una pequeña gesta. Aparece una luz que señala a los ocultados. Aparecen los datos que golpean con la fuerza de la realidad. Porque modestamente acude a la comisión de reconstrucción del Congreso un señor llamado Carlos Cruzado, sencillamente es el presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Y habla de lo que no se habla, de lo que se oculta. Habla de la redistribución de la riqueza a través de la reforma fiscal de los impuestos de sociedades y de IRPF para que pague la ínfima minoría de bancos, grandes empresas y grandes fortunas.
Y el señor Cruzado empieza afirmando que las grandes empresas deberían pagar impuestos, al menos, como las pequeñas y medianas empresas. Y sigue desgranando las cifras que importan -de las que no hay titulares, aunque debería haberlos día sí y día también, en los grandes medios de comunicación- Los grupos oligopólicos en España tributaron entre 2007 y 2016 un 6,37% de sus ganancias, frente al 16% de las pequeñas y medianas empresas. Y el último ejercicio fiscal del que hay datos disponibles, año 2018, los oligopolios han tributado un 5,69% de sus beneficios, mientras que las pequeñas y medianas empresas pagaron a Hacienda el 15,14%. Es decir, casi tres veces más.
Obviamente, con la lógica aplastante de la justicia social, el señor Cruzado ha planteado en el Congreso que el Gobierno debe establecer un porcentaje mínimo de tributación en el impuesto de sociedades, es decir, a las empresas, que impida la injusticia de que las pequeñas y medianas empresas estén pagando porcentualmente el triple de impuestos que pagan los oligopolios empresariales.
El presidente de Gestha también arrojó luz y desveló que el sistema impositivo en España tiene una insuficiencia recaudatoria debido a una preocupante falta de equidad y a un problema de fraude. Es decir, en España se recauda cada año más de cinco puntos menos a través de los impuestos que la media de la Unión Europea, lo que suma entre 65.000 y 70.000 millones de euros anuales. Pero inmediatamente aclaró que tal pérdida se explica en una medida significativa debido a la escasa recaudación del impuesto de sociedades, que grava los beneficios de las empresas y que en la actualidad solo recauda la mitad de lo que recaudaba en 2007, antes del inicio de la crisis.
Sin embargo, el señor Cruzado, persistiendo en arrojar luz con los datos como arma, contrapuso tal pérdida de ingresos en el impuesto de sociedades con la recuperación del nivel recaudatorio en otros grandes impuestos, como el IVA, impuesto indirecto que grava duramente el consumo de la inmensa mayoría de la población española, y han alcanzado las cifras previas al derrumbe por la crisis de 2008.
Y el presidente de Gestha siguió aportando más datos cruciales y peticiones clave sobre otro impuesto directo falto de equidad. Cruzado informó España está por detrás de los países más desarrollados de la Unión Europea en la presión fiscal de su IRPF a las rentas más altas, para a continuación afirmar con contundencia que hay margen para subir las tipos máximos del IRPF sin perjudicar el crecimiento económico. Con total claridad afirmó que no era para todos los ciudadanos por igual, sino solo para las personas con mayor capacidad económica. Y concretó con cifras la propuesta de Gestha de tres nuevos tramos a partir de 125.000, 175.000 y 300.000 euros de rendimiento anual a los que habría que subirles el porcentaje que pagan de IRPF.
Y para no dejar nada importante en el tintero también, en la línea de redistribución de la riqueza, propuso que el impuesto de patrimonio se convirtiera en un impuesto sobre la riqueza con un tipo mínimo de tributación igual para toda España, impienso situaciones tan injustas como que en la Comunidad de Madrid donde en la práctica no se paga al estar bonificado al 100%.
Y en coherencia con que el principio de que paguen los que más tienen y no el resto de la población, el presidente de Gestha pidió que no se eleve el IVA sino que se haga con los impuestos directos -que son los que gravan en función de la riqueza y los ingresos- es decir, el IRPF y el impuesto de sociedades frente a lo injusto de impuestos indirectos como el IVA que penaliza a todos los ciudadanos, aparentemente por igual pero en realidad con absoluta desigualdad. Y Cruzado lo asentó en el mandato constitucional, que establece la obligatoriedad de un sistema fiscal redistributivo.
Y, por supuesto, no se olvidó de la lucha contra el fraude fiscal, con otra luz cegadora sobre dicha realidad. El presidente de Gestha denunció que el actual sistema concede facilidades de elusión a las rentas altas, porque tienen a su disposición esos mecanismos -sociedades, sicav y más instrumentos- para no pagar impuestos. Cruzado calculó entre un 20% y un 25% del PIB el valor de la economía sumergida española, muy por encima de otros países de la UE. Pero incidió en que el Gobierno y la Agencia Tributaria persigan las bolsas de gran fraude. Es decir, mayor control de las grandes empresas y fortunas.
