La concejala del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón critica que el ejercicio 2019 haya finalizado sin que se haya aprobado una corrección de la ordenanza municipal de vados para hacerla compatible con la ordenanza de accesibilidad.
“Lo prometieron en el pleno y también en los medios de comunicación, pero no han cumplido con su palabra”, indica Fabregat, mientras se multiplican los casos de personas con discapacidad que son obligados a pagar la totalidad del importe por disponer de un espacio reservado para el vehículo en la vía pública.
“No podemos entender que un gobierno que presume de trabajar por las personas se olvide no solo de favorecer la igualdad y la plena inclusión de todos los colectivos, sino que incumpla hasta sus propios compromisos concretos”, insiste Susana Fabregat, quien subraya que ya existe jurisprudencia en los tribunales de Las Palmas que da la razón “de pleno derecho” a la reclamación de una ciudadana por esta misma cuestión.
“El Gobierno de las personas se ha vuelto a olvidar de ellas. Prometió que haría las modificaciones pertinentes en la ordenanza municipal de vados, para que las personas con problemas de discapacidad y de movilidad vieran reducida la tasa, pero el año 2019 está dando sus últimos coletazos sin que se haya modificado ninguna coma. Ese es el regalo que Amparo Marco hace a los vecinos que padecen esta problemática”.
Así se ha pronunciado la concejala del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Susana Fabregat, después de reunirse con Isabel Forcadell y Juan Ruiz Moreno, dos vecinos de Castellón que padecen una discapacidad del 70% y del 67%, respectivamente, y a los que el equipo de gobierno del PSPV, Compromís y Podemos acaban de cobrar el 100% de la tasa del vado de aparcamiento, es decir 461 euros, a pesar de su discapacidad, y de que la legislación municipal contempla las exenciones fiscales para casos como el suyo.
“El gobierno de Amparo Marco se comprometió en sede plenaria a estudiar la manera de regularizar lo que calificaron como ‘contradicción’ entre la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por reserva de vía pública para aparcamiento y la ordenanza de accesibilidad”, denuncia Fabregat, quien recuerda “la contradicción que supone que Castellón haya recibido el segundo premio de la Unión Europea en materia de accesibilidad, mientras no se solventan estas cuestiones que son fáciles de resolver porque son simples trámites burocráticos que solo requieren de trabajo”.
El compromiso lo verbalizó el concejal Rafa Simó en el pleno del 31 de enero de 2018, cuando la ciudad de Castellón conoció del caso de Borja Morales, un joven de 26 años con un 92% de discapacidad, al que el Ayuntamiento le retiró la autorización para poder tener un espacio reservado para aparcar en la calle su familia “por no conducir”, y obligaba a su madre a pagar los casi 500 euros en dicho concepto si quería disponer de dicha plaza, a pesar de los problemas económicos por los que atravesaba por tener que ocuparse también a tiempo completo de su hijo y de su esposo.
“Nada de esto se ha cumplido. Al final va a ser verdad lo que dice el equipo de gobierno del PSOE de que las decisiones que se adoptan en los plenos no tienen validez legal, porque está visto que no las cumplen, no solo en materia de Fiestas, sino en esta problemática social. El equipo de gobierno de Amparo Marco se afanó en comunicar a los medios que mantendría una reunión con la madre de Borja, Fuensanta Arias, con la hoja de ruta de las soluciones a adoptar. Pero la realidad es que el coste de la reserva de la plaza de aparcamiento en la vía pública se costeó a través de una colecta popular, mientras que la ordenanza no se ha modificado, porque el plazo para poder rectificarla ha terminado, por lo que seguirá estando en vigor la ahora vigente”, lamenta.
El caso que ahora conocemos de Isabel Forcadell y Juan Ruiz Moreno es similar. “En mayo de este año recibieron una carta para que presentaran los documentos en los que se demostraba la discapacidad de ambos. En julio recibieron otra carta para avisarles de que tenían que pagar 461 euros en el plazo de 3 días. Abonaron el dinero, pero evidentemente, no se está cumpliendo, una vez más, la cláusula social de la ordenanza de accesibilidad que tiene el Ayuntamiento de Castellón”, subraya la concejala Popular.
Precisamente, desde el año 2017, existe jurisprudencia al respecto, ya que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas declaró “de pleno derecho” los actos administrativos impugnados por una vecina de la villa satauteña, cuyo Ayuntamiento le reclamaba 700 euros por el año 2015 y 857,50 euros por el 2016 por ocupar una plaza de cinco metros cuadrados cerca de su vivienda. De esta manera, el tribunal daba la razón a una vecina con un 89% de discapacidad, declarando nulo el artículo 7 de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o por el aprovechamiento especial del dominio público, aprobada por el consistorio en octubre de 2009.
“No podemos entender que un gobierno que presume de trabajar por las personas se olvide no solo de favorecer la igualdad y la plena inclusión de todos los colectivos, sino que incumpla hasta sus propios compromisos concretos”, insiste Susana Fabregat, quien anticipa que el caso de Borja, Isabel o Juan no son aislados. “Ahora mismo somos conocedores de otro caso, el de Fernando, que tiene una discapacidad del 80% y que acaba de presentar por Registro un documento en el Ayuntamiento con el fin de tratar de retener su plaza de movilidad reducida”, indica.
“Reclamamos un calendario para regularizar de manera inmediata esta problemática que padecen las personas con discapacidad. Los problemas de los castellonenses no se resuelven con buenas palabras, sino con hechos, con gestión, y una vez más ha quedado acreditado que han brillado por su ausencia”, concluye la concejal del Grupo Municipal Popular, Susana Fabregat.
