El portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Sergio Toledo, insta a la concejala de Vivienda, de Unidas Podemos, a que deje de mentir, porque “sabe perfectamente que el Ayuntamiento no tiene potestad para desalojar a nadie, puesto que es necesario todo un procedimiento legal.
Ni han cerrado el círculo de los desahucios como aseguró la alcaldesa, ni ha habido avances de ningún tipo en el área, pese a ser el gobierno que prometía soluciones habitacionales para todos”.
El edil popular destaca la contradicción permanente en la que vive la propia concejala que “ha pasado de ser la gran defensora del movimiento antidesahucios, recordemos que era la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, a anunciar sin ningún rubor, ahora que es concejala de vivienda, desalojos de familias de los pisos sociales”.
El portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Sergio Toledo, insta al gobierno de Amparo Marco y a su concejala de Vivienda de Unidas Podemos, María Jesús Garrido, a que deje de mentir a la ciudadanía. “De un día a otro anuncia que va a iniciar el desalojo del 20% de las viviendas sociales de la ciudad en un intento a la desesperada de reconducir la mala gestión en materia de vivienda que arrastra el consistorio desde hace cinco años. Sabe perfectamente que el Ayuntamiento no tiene potestad para desalojar a nadie, puesto que es necesario todo un procedimiento legal para llevarlo a cabo”, explica.
“Garrido dijo la verdad cuando, en un arrebato de sinceridad, dijo en el pleno que en los cuatro años de la pasada legislatura no se había hecho nada en materia de vivienda, arremetiendo contra la gestión del equipo de gobierno de PSPV y Compromís. Los hechos hablan por sí solos, en cinco años no se ha avanzado nada, ni es verdad que se haya cerrado el círculo de los desahucios en la ciudad de Castellón, como llegó a asegurar la propia alcaldesa Amparo Marco, ni hay acuerdos con los bancos, la Oficina de la Vivienda sigue acusando la misma falta de personal que en la legislatura anterior y tampoco se ha creado una bolsa de viviendas particulares. Nada de todo lo que prometieron”, recuerda el portavoz popular adjunto. “Los desahucios siguen produciéndose cada día en la ciudad, sin que haya cambiado nada”, asegura.
Cabe recordar que los gobiernos, primero del Pacte del Grau y, ahora, del Acord de Fadrell han prometido soluciones habitacionales que siguen sin llegar, siendo en la actualidad más de 300 las familias que figuran como demandantes de pisos sociales y que están a la espera.
Por otra parte, Toledo destaca la “contradicción permanente” en la que vive la propia concejala de Vivienda, Maria Jesús Garrido. “Ha pasado de ser la gran defensora del movimiento antidesahucios –hasta hace escasos cinco meses era la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca–, a anunciar sin ningún rubor, ahora que es concejala de vivienda, desalojos de familias de los pisos sociales”.
Para Sergio Toledo, “el descontrol en el área de Vivienda del Ayuntamiento se arrastra desde hace demasiado tiempo. Hace cinco años que gobiernan socialistas, nacionalistas y ahora también Unidas Podemos desde el gobierno –la legislatura anterior lo hacía en la sombra-, y ya no caben más excusas. Que la alcaldesa se escude en la herencia recibida ya no tiene ninguna credibilidad, pues ella es la última responsable del trabajo en cada área municipal, también de vivienda, y lleva ya cinco años como alcaldesa. Si necesitan más personal han tenido la posibilidad de reforzar el área, igual que ha reforzado su número de asesores”.
El tiempo pasa y la situación de las viviendas sociales en la ciudad de Castellón no cambia, “las promesas que se hicieron en la legislatura anterior siguen durmiendo el sueño de los justos, pese a erigirse ellos como el gobierno de las personas. A la hora de la verdad, nada de nada, solo anuncios que se quedan en mera propaganda”, lamenta el concejal del PP.
En el año 2018 se quedaron por distribuir el 90% de las ayudas previstas por la concejalía de vivienda y este año 2019, según los datos de ejecución del presupuesto a 30 de septiembre, de 1.893.823,50 euros -presupuestados para adquisición y rehabilitación de vivienda social-, el gobierno municipal había ejecutado cero euros.
En lo que se refiere a estudio en materia de viviendas, campañas informativas de vivienda y servicio de orientación ciudadana de viviendas, el presupuesto de 55.000 euros también permanecía intacto y, apenas había un 4% ejecutado en lo que se refiere a gestión de viviendas municipales (del presupuesto total: 205.000 euros, se habían ejecutado 7.599 euros). En definitiva, de 2.153.823,50 euros se habían gastado 7.599 euros, es decir, un 0,35%, quedando por ejecutar el 99,65% restante.
