Díaz advierte que "el peso de la ley va a caer sobre esta empresa". "Estamos frente a una genuina actuación de falsos autónomos".
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha confirmado este miércoles que la Inspección de Trabajo ha impuesto una multa a Glovo de prácticamente setenta y nueve millones de euros por infringir la llamada ‘Ley Rider‘.
Díaz, en declaraciones a la prensa a su llegada a la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, ha afirmado además de esto que se ha procedido a regular la situación de diez mil seiscientos trabajadores de esta empresa, dos mil doscientos ochenta y tres de Valencia.
La vicepresidenta ha acusado a Glovo de «vulnerar» los derechos laborales de sus trabajadores y de «obstruir» la tarea de la Inspección de Trabajo, algo que ha calificado de «gravísimo» en un Estado social y democrático de Derecho, en el que las compañías «deben cumplir la ley».
Estamos frente a una genuina actuación de falsos autónomos y el peso de la ley caerá sobre esta empresa, como ya ha caído con la Inspección.
Ha aseverado la vicepresidenta.
La Inspección ha procedido a regular la situación de ocho mil trescientos treinta y un trabajadores de Glovo en Barcelona y dos mil doscientos ochenta y tres trabajadores en Valencia a los que la compañía de reparto de comida se negó a poner en nómina.
La llamada ‘Ley Rider‘, en vigor desde agosto de dos mil veintiuno, fuerza a las plataformas digitales de reparto a contratar como asalariados a sus repartidores.
Así, la ley reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios remunerados de reparto mediante empresas que administran esta tarea a través de una plataforma digital, on-line con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en el mes de septiembre de dos mil veinte, en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.