Consideran un "incumplimiento" del acuerdo alcanzado hace un año entre el gobierno del Botànic, los sindicatos y las organizaciones empresariales.
El sindicato UGT Serveis Públics del País Valencià anunció hoy que está considerando la posibilidad de llevar a la Conselleria de Servicios Sociales e Igualdad ante los tribunales por lo que considera un «incumplimiento» del acuerdo alcanzado hace un año entre el gobierno del Botànic, los sindicatos y las organizaciones empresariales para mejorar las condiciones laborales del personal que trabaja en los centros y servicios del sistema público valenciano de Servicios Sociales.
UGT emitió un comunicado en el que expresó su rechazo a la decisión de la vicepresidenta segunda del Consell y consellera del ramo, Susana Camarero,
De utilizar los fondos asignados en los Presupuestos de la Generalitat de 2023, por el gobierno anterior, para financiar la actualización de gastos de funcionamiento y la equiparación salarial del personal de los centros concertados del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales (gestionados exclusivamente por entidades sin ánimo de lucro) para pagar las deudas acumuladas con las grandes empresas que operan los centros públicos privatizados.
Según el sindicato, esta intención fue comunicada directamente a los agentes sociales y se formalizó este mismo miércoles mediante una resolución publicada en el Diario Oficial de la Generalitat, que asigna los 38 millones de euros destinados originalmente a mejorar los salarios para el pago de deudas.
UGT PV enfatizó que las organizaciones empresariales y sindicales acordaron en consenso con la Generalitat durante la legislatura anterior la equiparación salarial con los empleados públicos del personal de Servicios Sociales, un plan que fue publicado en el Diario Oficial de la Generalitat mediante dos Acuerdos Interprofesionales que tienen rango legal de convenio colectivo.
Al mismo tiempo, el anterior gobierno incluyó en el presupuesto de 2023 «los recursos necesarios para la homologación y el inicio del proceso administrativo para aplicar los aumentos salariales».
La resolución de este procedimiento estaba pendiente únicamente de la firma de la actual Vicepresidenta Segunda y Consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda.
Sin embargo, se denuncia que este proceso se ha quedado sin financiamiento debido a la modificación presupuestaria publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), mediante la cual se ha reasignado el crédito destinado a la revisión de los módulos de acción concertada a otras partidas presupuestarias.
La Federación de Servicios Públicos de UGT PV ha comunicado a la consejera que la administración pública no está exenta de cumplir con la normativa laboral y sectorial, y que la Generalitat debe cumplir con las tablas salariales publicadas en el DOGV para el sector de Servicios Sociales en lo que respecta a los conciertos sociales y los contratos públicos.
En caso contrario, el sindicato advierte que tomará medidas legales al respecto, ya que destaca,
El propósito de la homologación salarial propuesta no es solo elevar los sueldos de los profesionales de Servicios Sociales para equipararlos a los de los empleados públicos de la Generalitat, sino que también es una medida necesaria para reducir la brecha salarial de género en un sector predominantemente femenino.
Como ejemplo de esta disparidad salarial, señala,
En la actualidad un profesional que trabaja en el ámbito de la atención a personas con discapacidad recibe un salario más alto que otro de la misma categoría y funciones que trabaja en la atención a personas mayores dependientes.
UGT solicita el pago de la deuda y la regularización de los centros que se encuentran en una situación de enriquecimiento injusto. Además, insta a la actualización de los módulos económicos del concierto, argumentando que en ambos casos, si no se llevan a cabo, la única beneficiaria es la administración. También enfatiza que, junto con la Sanidad y la Educación, los Servicios Sociales son el tercer pilar del estado de bienestar.
Por lo tanto, el sindicato hace un llamado al actual Gobierno a rectificar y llevar a cabo como estaba previsto la homologación salarial programada para este año, así como a provisionar los fondos necesarios para financiarla en el presupuesto de 2024.
