El agente presuntamente participó en la elaboración fraudulenta de documentos lo que resultó en la apropiación de 164.000 euros.
Este lunes, comenzará en la Audiencia Provincial de Valencia el juicio contra un agente de la Guardia Civil, quien estuvo destinado en la Unidad de Gestión Económica de la Comandancia de Valencia. El acusado se enfrenta a graves cargos formulados por la Fiscalía, que lo señala como presunto autor de un delito continuado de falsificación de documentos oficiales y malversación de caudales públicos.
Según la acusación, el agente habría estado involucrado en la creación fraudulenta de documentos entre 2014 y 2020, generando al menos 114 informes relacionados con comisiones de servicios inexistentes, tanto a su nombre como al de otros miembros del cuerpo. Las compensaciones económicas derivadas de estos documentos habrían sido abonadas directamente en cuentas bancarias bajo su control. En total, se le atribuye la apropiación indebida de más de 164.000 euros de fondos públicos durante este periodo.
El jurado popular, que evaluará los hechos, deberá determinar si el acusado utilizó su posición en la Unidad de Gestión Económica para beneficiarse personalmente de recursos públicos destinados a otras operaciones. El caso ha despertado gran interés, dado el nivel de responsabilidad que el agente tenía en la gestión de fondos en su puesto.
Otros casos en la Audiencia Provincial de Valencia
El caso del agente de la Guardia Civil no será el único de relevancia esta semana en la Audiencia Provincial. También se juzgará a una cuidadora acusada de estafa continuada. Según el Ministerio Público, la mujer, que trabajaba como cuidadora de una octogenaria vulnerable, presuntamente se habría apropiado de unos 45.000 euros de la cuenta bancaria de su empleadora. La Fiscalía sostiene que la acusada se ganó la confianza de la anciana para que le permitiera gestionar su cuenta, bajo la premisa de usar los fondos para cubrir gastos cotidianos y su salario.
Entre octubre de 2020 y agosto de 2021, la acusada retiró un total de 56.000 euros, pero solo 11.000 se destinaron a los gastos acordados. Por estos hechos, el Ministerio Público solicita una condena de cuatro años de prisión.
Caso de estafa millonaria: una red de inversiones fraudulentas
Además, este lunes, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial abordará el caso de un hombre y una mujer acusados de estafar casi 650.000 euros a una docena de inversores entre los años 2011 y 2013. La pareja, a través de una empresa con sede en Nueva Zelanda dedicada a la gestión de productos financieros, ofrecía a sus víctimas la oportunidad de obtener altos beneficios mediante la compra de participaciones en la compañía.
Según la Fiscalía, la estafa consistía en convencer a los inversores de que participaran en operaciones de alta rentabilidad y en algunos casos les prometían recompensas adicionales por atraer a nuevos inversores. Sin embargo, los acusados nunca registraron las ventas de esas participaciones ni realizaron ninguna operación de inversión con los fondos obtenidos, lo que llevó a pérdidas millonarias para las víctimas.
El Ministerio Público pide seis años de prisión para el hombre y cuatro años y nueve meses para la mujer, por un delito de estafa en concurso medial con un delito continuado de falsificación de documento mercantil, o alternativamente, por apropiación indebida.
Estos juicios, que abarcan delitos graves de malversación, estafa y falsedad documental, arrojan luz sobre casos de abuso de confianza y gestión fraudulenta de recursos en distintos contextos, generando una gran expectación.
Fotografía portada: Archivo Guardia Civil.
