Benlloch: "Este es el costo urbanístico debido a los errores heredados del PP que superan los 36 millones de euros en los últimos 10 años.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vila-real ha informado esta mañana sobre el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Castellón, con fecha del 25 de mayo, que obliga al ayuntamiento a pagar 390.768,10 euros en concepto de intereses debido a la ocupación ilegal de los terrenos donde se construyó en 2010 el colegio José Soriano.
Esta resolución se suma a los 600.000 euros que se deben pagar por la ocupación de terrenos en la avenida de Francia, los cuales fueron notificados la semana pasada.
Prácticamente un millón de euros que impactan nuevamente en las finanzas municipales en tan solo una semana.
Señaló el alcalde en funciones, José Benlloch.
Además, recordó que con estas resoluciones, el costo urbanístico debido a los «errores heredados del PP» supera los 36 millones de euros en los últimos 10 años.
El Ayuntamiento explicó que la historia del expediente relacionado con los terrenos del colegio José Soriano, que consta de 1.326 metros cuadrados distribuidos en dos parcelas de 563 y 795 metros cuadrados, se remonta al año 1996, cuando los propietarios solicitaron la expropiación de los terrenos, los cuales estaban catalogados como zona verde y equipamiento deportivo según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1981.
Después de enviar hasta cuatro escritos al Ayuntamiento sin recibir respuesta, finalmente, el 16 de noviembre de 2004, el Alcalde rechazó la solicitud, lo que llevó al propietario a presentar una demanda judicial en 2005. El juzgado falló a favor del propietario, ordenando al ayuntamiento expropiar los terrenos y pagar el precio justo. El Ayuntamiento apeló la sentencia pero volvió a perder el caso.
En el año 2007, después de 12 años sin respuesta y varias sentencias a su favor, el propietario reclama su derecho de expropiación y el pago de 1,3 millones de euros por la totalidad de la parcela. En 2009, al no recibir ninguna respuesta, el propietario acude al Jurado de Expropiación Forzosa de la Subdelegación del Gobierno de Castellón. En ese momento, el alcalde en ese momento, Juanjo Rubert (PP), informa al propietario que ya ha iniciado un expediente para obtener los terrenos a través de la ocupación directa.
La operación se lleva a cabo el 21 de diciembre de 2009, cuando la Junta de Gobierno Local acuerda la ocupación de los 1.326 metros cuadrados sin el consentimiento del propietario y la cesión del terreno necesario a la Generalitat para la construcción del colegio José Soriano. A partir de ese momento, el propietario recurre a los tribunales para anular y declarar ilegal la ocupación de sus parcelas.
OCUPACIÓN DIRECTA
«Es lamentable que se haya llevado a cabo una ocupación directa, sin la voluntad del propietario, sin un proceso expropiatorio y sin realizar ningún pago, a pesar de haber estado reclamando la expropiación desde 1996», lamentó el alcalde.
Cuando asumimos el gobierno municipal en 2011, nos encontramos con uno de los muchos litigios existentes, y no nos quedó más opción que defender la actuación del Ayuntamiento y el interés general, agotando todas las vías judiciales, incluso llegando a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. En todas las instancias judiciales, se ha considerado ilegal la ocupación del terreno.
Recordó Benlloch.
El desenlace de todo este proceso judicial no llegó hasta el año 2019, cuando, después de 23 años desde la primera reclamación al ayuntamiento y tras haber agotado todas las posibilidades de defensa, el consistorio pagó al propietario 1.130.954 euros, lo cual representaba 170.604 euros menos de lo que se reclamaba, que eran 1.301.559 euros.
Posteriormente, los propietarios presentaron una nueva demanda contra el Ayuntamiento para reclamar el pago de los intereses, los cuales el juez fijó en 2020 en 390.768 euros.
Debido a la grave situación económica del municipio, con una herencia del PP de más de 60 millones de euros que ya hemos tenido que pagar, sumada a la crisis de la Covid, agravada posteriormente por el impacto de la guerra de Putin, planteamos la posibilidad de pagar los intereses en plazos.
Afirmó el alcalde.
«El auto que se ha presentado hoy en la Junta de Gobierno rechaza esta opción y nos ordena pagar los 390.768 euros de intereses por la ocupación ilegal de los terrenos del colegio José Soriano en un plazo de tres meses. En total, las negligencias y las ilegalidades del PP en este caso nos han costado 1.521.722,88 euros por terrenos que fueron ocupados ilegalmente, no expropiados y no pagados en su momento, desde 1996″, agregó.
Este es otro ejemplo de la ruina que la herencia del PP ha supuesto para Vila-real, y ahora, junto con los 600.000 euros de la avenida de Francia, tendremos que buscar cómo pagar entre todos.
Concluyó Benlloch.
