Algunos de los animales provenían de explotaciones que habían sido diagnosticadas como positivas en tuberculosis.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Alicante ha llevado a cabo investigaciones penales contra diez personas por diversos delitos. Entre los delitos cometidos se encuentran aquellos relacionados con la salud pública, maltrato animal, receptación, falsedad documental y simulación de delito. Además, se han realizado denuncias administrativas contra otras doce personas por infracciones contempladas en la Ley 6/2003 de Ganadería de la Comunidad Valenciana.
Estas infracciones administrativas están relacionadas con el movimiento de animales sin emitir documentos sanitarios de traslado, la falta de trazabilidad e identificación de los animales, la omisión de información necesaria sobre la cadena alimentaria, la falta de autorización para instalaciones y el sacrificio ilegal de animales, así como el uso fraudulento de marcas identificativas. Estas infracciones conllevan multas que oscilan entre los 600 y los 1.200.000 euros.
La denominada «operación Chiqueros» se inició con una inspección en una explotación ganadera ubicada en Alicante. Durante la inspección, el SEPRONA descubrió 100 ejemplares de ovejas y cabras a los que les habían retirado los crotales para evitar su identificación. Estos animales se encontraban amontonados, heridos, desnutridos y en condiciones higiénico-sanitarias extremadamente deficientes, además de no haber recibido atención veterinaria adecuada. Los agentes inmovilizaron a los animales y comenzaron una investigación para determinar su origen.
Gracias a que algunos de los animales estaban identificados mediante bolo ruminal, se pudo determinar que provenían de diferentes explotaciones de la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha. Según la documentación oficial, estos animales debían haber sido trasladados a un matadero en Cartagena para su sacrificio, pero en realidad nunca llegaron allí.
Poco tiempo después, la Guardia Civil localizó otra explotación en Cox, donde descubrieron otros 200 ejemplares en condiciones similares. En este caso, además, algunos de los animales provenían de explotaciones que habían sido diagnosticadas como positivas en tuberculosis.
Una trama criminal creada con este fin
Los investigadores han confirmado que tres de los implicados se organizaron como un grupo criminal especializado en este tipo de actividades. Obtuvieron ilegalmente los animales falsificando los documentos veterinarios de traslado a un matadero oficial en Cartagena, donde supuestamente serían sacrificados. Algunos de los animales incluso tenían órdenes de ser destruidos por las autoridades sanitarias. Sin embargo, en lugar de ser enviados al matadero, eran desviados de manera ilegal a las explotaciones de Alicante y Cox, donde eran sacrificados para su venta irregular. Los agentes descubrieron que algunos ejemplares habían sido robados de las explotaciones de origen. En otras ocasiones, ofrecían a los ganaderos un precio más alto que el que recibirían en el matadero, y luego la banda recuperaba ese dinero mediante la venta ilegal de la carne.
En total, se han inmovilizado 305 ejemplares de ovejas y cabras durante esta operación. Debido al riesgo de contagio a otros animales y el peligro potencial para la salud pública, se ha decretado su sacrificio y destrucción. Esto se debe a la falta de trazabilidad que impide demostrar las enfermedades y tratamientos veterinarios que han recibido.
Se han investigado a nueve hombres y una mujer, y se han presentado denuncias contra otros doce hombres, todos ellos de nacionalidad española y con edades comprendidas entre los 31 y 79 años. Las diligencias llevadas a cabo por los agentes del SEPRONA han sido entregadas al Juzgado de Instrucción de Alicante. Por otro lado, los expedientes administrativos han sido remitidos a las Direcciones Generales de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, a la Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia, y a la Dirección General de Salud Pública de la Región de Murcia, que son las autoridades competentes para tratar el caso.
La operación fue realizada por la Patrulla del SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, con la colaboración de inspectores y veterinarios de las Oficinas Comarcales Agrarias de Alicante y Orihuela, así como del personal de la empresa pública VAERSA, dependiente de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana. Estos colaboradores participaron en la identificación, marcaje y saneamiento de los animales encontrados en estas dos explotaciones clandestinas.
El estudio de la trazabilidad mediante el seguimiento por bolo ruminal
Cada región productora de animales, de acuerdo con las regulaciones a nivel mundial, requiere de un sistema de trazabilidad que asegure que el producto ofrecido es saludable e inocuo. La identificación del animal es esencial para garantizar la trazabilidad en las distintas etapas que atraviesan los productos que forman parte de la cadena alimentaria. En Europa, se ha optado por utilizar el método del bolo metálico, el cual se introduce en el rumen, la cavidad del estómago de los rumiantes. La trazabilidad en el sector agroalimentario es una de las tareas más importantes para los profesionales, ya que constituye un elemento fundamental en la garantía sanitaria de sus productos.
