La Concejalía confía que la normativa aumente las viviendas sociales del país hasta el 20% del parque total en 20 años y regularice el alquiler en zonas tensionadas
La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Castellón apoya el manifiesto firmado por sindicatos, PAH y Sindicatos de Inquilinos para que la nueva Ley Estatal garantice el derecho constitucional de una vivienda digna. Espera que esta normativa, tal como recoge el documento mencionado, aumente en el país la cifra de viviendas sociales hasta el 20% del parque inmobiliario total en 20 años, permita a los municipios regular el precio del alquiler en zonas tensionadas y frene los desahucios de familias vulnerables sin alternativa residencial.
“Desde el Ayuntamiento tenemos en marcha medidas para ampliar el parque público y los alquileres municipales con el plan de compra y la bolsa de alquiler, e intentamos frenar la especulación de los fondos buitre con un recargo de un 50 % en viviendas vacías de grandes propietarios. Pero necesitamos una nueva regularización estatal que dé respuesta a las miles de familias del país que ven peligrar el acceso a la vivienda y que haga frente a las prácticas especulativas”, afirma la concejala de Vivienda, María Jesús Garrido.
La regidora recuerda que el Plan Estratégico de Vivienda Municipal señala que en Castellón hay 13.000 viviendas vacías mientras hay una necesidad de 4.260 hogares asequibles. “Según el Instituto Nacional de Estadística, 3,4 millones de casas están sin ocupar, siendo muchas de ellas de grandes tenedores, y el parque público de vivienda es entre siete y diez veces menor que la media de otros países europeos. Las Administraciones hemos de poner todo nuestro empeño en corregir esta anomalía, y más en un momento de grave crisis económica”, añade.
La concejala destaca el manifiesto impulsado por los sindicatos CC OO, UGT, y CGT, PAH, Sindicatos de Inquilinos y otros movimientos sociales, que reivindica que la ley, cuyo borrador entrará en breve en el Congreso de los Diputados, incluya medidas “que garanticen el derecho a una vivienda digna y adecuada”, que se presentarían, según Garrido, “como una oportunidad muy importante para acompañar a las líneas estratégicas que ha diseñado la Concejalía en esta legislatura”.
Entre otras medidas que espera que incorpore la normativa estatal, menciona la necesidad de incrementar el parque público, movilizar viviendas de grandes propietarios para el alquiler social, modificar la ley de arrendamientos para que se pueda regular el precio del alquiler en barrios con precios tensionados, garantizar los suministros esenciales, impulsar medidas contra los abusos de entidades financieras, y la obligación de alquileres sociales por parte de grandes propietarios en familias en riesgo de desahucio.
