En Portugal ya hay nuevo gobierno tras las recientes elecciones del 6 de octubre. Lo primero que ha hecho es subir el salario mínimo. Es un Ejecutivo posible gracias al apoyo de Bloco de Esquerda y PCP y que da continuidad a las medidas que tomó el anterior “gobierno a la portuguesa”. Aunque en minoría...
En Portugal ya hay nuevo gobierno tras las recientes elecciones del 6 de octubre. Lo primero que ha hecho es subir el salario mínimo. Es un Ejecutivo posible gracias al apoyo de Bloco de Esquerda y PCP y que da continuidad a las medidas que tomó el anterior “gobierno a la portuguesa”. Aunque en minoría -con 108 diputados necesita 8 más para tener mayoría absoluta parlamentaria- continúa con la línea previa -basada en un acuerdo con Bloco y PCP-. Es decir, otro “gobierno progresista a la portuguesa”.
Una subida del salario mínimo -que pasa de 600 euros a 635 euros, lo que significa un 5,8% de aumento- aprobada por el segundo consejo de ministros del nuevo Gobierno de Costa. Esta subida es producto de un primer acuerdo con los sindicatos, aunque la reivindicación es alcanzar en 2023 un salario mínimo de 850 euros. La medida tiene una importancia significativa porque beneficiará directamente a 720.000 trabajadores, que suponen el 20% de la población activa portuguesa. Hay que recordar que, desde el inicio de la legislatura del anterior “gobierno a la portuguesa” hasta ahora, el salario mínimo ha ido incrementándose desde los 500 a los 635 euros. Actualmente, el paro en el país es del 6,1%.
Costa, durante la presentación de su programa ante el Parlamento, avanzó algunas otras propuestas de su nuevo Ejecutivo, como son la rebaja de los impuestos aplicados a los trabajadores con salarios medios, la actualización de las pensiones con la inflación -actualmente la pensión del 70% de los jubilados es de solo 421 euros-; también respecto a los funcionarios se propone la reactivación de la promoción interna. En sanidad la mejora vendría con la creación de nuevos centros de salud y hospitales. En educación se propone mayor atención al alumnado con dificultades, mejora de la financiación de las universidades y el aumento de las residencias estudiantiles. Frente al problema habitacional se propone construir 10.000 viviendas públicas. Así mismo, plantea en las infraestructuras la mejora y el incremento de las comunicaciones ferroviarias. Y respecto a la pequeña y mediana empresa, un plan de inversiones a la producción.
Respecto al resto de la legislación que se quiere aprobar -como no existe la alianza formal con el Bloco de Esquerda y el Partido Comunista Portugués de la anterior legislatura, el gobierno de Costa tiene que ganarse el apoyo de estas formaciones políticas -u otras- para alcanzar la mayoría. Lo principal va a ser los Presupuestos Generales para 2020 que tienen que ser presentados ante el Parlamento a mediados de diciembre. Costa ha declarado que “a semejanza de la legislatura ahora acabada, seguiremos una metodología idéntica de valoración previa de las propuestas de los Presupuestos del Estado y de otras relevantes para la aprobación legislativa”.
Las principales diferencias del Bloco y del PCP con el programa del Ejecutivo de António Costa están en la necesidad de cambiar de la ley laboral -que mantiene aspectos esenciales de la legislación impuesta por la troika (el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea)- especialmente en lo referente al coste del despido y a la contratación temporal. Tanto el Bloco como el PCP quieren que la ley se derogue.
Como ha criticado Catarina Martins, líder del Bloco, al programa de gobierno “le faltan medidas contra la precariedad laboral y eliminar la mano de la troika en la ley laboral”, porque, aunque se han impulsado medidas para reducir la temporalidad, no se propone la derogación de la reforma laboral impuesta por la troika; ni acabar con la “camisa de fuerza” de la reducción del déficit impuesta por la UE; ni se abordan otros asuntos nodulares como las inyecciones de dinero público a la banca, el control por el capital extranjero de importantes industrias; y evidentemente la participación de Portugal en las operaciones de la OTAN. Todo ello ha quedado fuera de programa.
Hay que tener presente que los resultados electorales han configurado un Parlamento con 10 formaciones políticas. Hay una mayoría de izquierda, con el PS que aumentó de 86 a 108 escaños con el 36,3% de los votos, el Bloco que mantuvo 19 con el 9,5%, el PCP-Verdes con 12 y el 6,3%; el PAN con 4 diputados y el 3,3% y Livre con uno y el 1,1%. En la derecha, bajaron tanto el PSD hasta los 79 escaños y el 27,7%; y el CDS-PP hasta los 5 y el 4,2%, además aparecieron Iniciativa Liberal y Chega con uno y 1,3% cada uno.
Un posible futuro ibérico
La raya hispano-lusa es como se conoce a la frontera entre España y Portugal -con 1.234 kilómetros de longitud-. El nuevo Gobierno de Portugal ha planteado la importancia de revitalizar los territorios fronterizos con España, afrontando el problema demográfico, y para ello promover infraestructuras viarias de proximidad a ambos lados de la frontera, recuperar de forma conjunta el patrimonio transfronterizo o crear incentivos para la inversión en esas zonas, con el objetivo de evitar la despoblación de los territorios hispano-lusos, a través del desarrollo empresarial y el fomento del empleo de calidad, e infraestructuras energéticas y ecológicas. Sería un programa contra la Iberia vaciada, tanto en la parte de España como en la de Portugal.
Eduardo Madroñal Pedraza
