Desde Fiscalía Anticorrupción se piden diecinueve años de cárcel para el expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo con el PP, Eduardo Zaplana, por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento oficial y mercantil y prevaricación administrativa en el conocido como caso Yermo.
Además de esto, le demanda una multa de cuarenta millones de euros y otras dos más que suman setenta y dos mil y treinta y seis mil euros respectivamente. Así consta en la calificación fiscal al Juzgado de Instrucción número ocho de València, que instruyó este caso en el que se ha investigado el presunto cobro de más de diez millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana en la época de Zaplana, por medio de una organización formada por un núcleo de personas próximas al ‘expresident’.
Este conjunto, conforme apunta la calificación, operaba por medio de sociedades establecidas en el extranjero, creadas con el propósito de percibir los sobornos por las adjudicaciones predeterminadas y para esconder el origen ilegal de los recursos, contribuyendo a su transformación e integración siguiente en el circuito económico.
El mes pasado de junio el juzgado instructor dictó un auto por el que dio por concluida la fase de instrucción y emplazaba a la Fiscalía y el resto acusaciones a pedir la apertura de juicio oral, el fichero del procedimiento o, extraordinariamente, la práctica de diligencias complementarias.
Al lado de Zaplana, Fiscalía acusa a otros investigados en la causa como el considerado supuesto testaferro del ‘expresident’, Joaquín Barceló; el asimismo ‘expresident’ de la Generalitat José Luis Olivas, y los empresarios Vicente y José Cotino, entre otros muchos.
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