Los ganaderos involucrados en esta trama recibían de forma fraudulenta una suma anual cercana a los 45.000 euros cada uno.
La Guardia Civil, en la denominada operación “Pacquiao”, ha llevado a cabo una investigación que involucra a 22 personas físicas y ocho entidades jurídicas por su presunta implicación en un fraude relacionado con la obtención indebida de subvenciones de la Unión Europea destinadas a la sanidad y el bienestar animal.
Estas personas y organizaciones son sospechosas de haber simulado actividades de pastoreo con el fin de obtener ayudas provenientes de la Política Agraria Común (PAC).
Conforme explica la benemérita en un comunicado.
Las irregularidades en la obtención de estas subvenciones se han identificado en el ámbito de ganaderos ubicados en diversas provincias, entre ellas Palencia, Zamora, Valladolid, Segovia, Ávila, Salamanca y Cantabria.
A los individuos investigados se les imputan varios delitos, incluyendo fraude en la obtención de subvenciones, prevaricación administrativa, falsificación de documentos y estafa.
Se estima que el beneficio económico obtenido de manera ilícita asciende aproximadamente a un millón de euros.
En paralelo a la investigación penal, se ha llevado a cabo un proceso de seguimiento de sus activos patrimoniales, resultando en la identificación de un inventario judicial compuesto por 96 propiedades. Estas propiedades, con un valor conjunto superior a los cuatro millones de euros, han sido embargadas a los investigados con el propósito de hacer frente a las responsabilidades financieras derivadas de sus presuntas actividades delictivas.
Las investigaciones se iniciaron en junio de 2022, cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una red que presuntamente estaba manipulando las condiciones necesarias para obtener de manera fraudulenta ciertas ayudas de la Política Agrícola Común (PAC).
Se sospecha que esta actividad ilícita contaba con la complicidad de personal perteneciente a la administración autonómica de la Junta de Castilla y León, específicamente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
Estas ayudas se otorgan bajo la supervisión de la administración autonómica competente y están vinculadas a la posesión de tierras y a la realización de actividades específicas en esas tierras.
En este caso, las ayudas objeto de análisis se relacionaban con la práctica de pastoreo de animales destinados al consumo humano en pastos asignados a cada solicitante.
Los ganaderos bajo investigación solicitaban estas ayudas de la PAC mediante la simulación de la realización de actividades de pastoreo en distintas zonas de la provincia de Palencia. No obstante, en realidad,
Estos ganaderos operaban con explotaciones de ganado vacuno intensivo, cuyo propósito principal era engordar los animales en el menor tiempo posible. Como resultado, los animales nunca llegaban a pastar en las tierras para las cuales se otorgaban las ayudas.
Los ganaderos involucrados en esta trama recibían de forma fraudulenta una suma anual cercana a los 45.000 euros por cada ganadero, al fingir que sus animales pastaban en ciertos terrenos, cuando en realidad el ganado nunca abandonaba sus explotaciones intensivas.
Además, se ha demostrado que los pastos por los que se obtenían las ayudas de la PAC eran transferidos de manera ilegal a ganaderos del sur de España, quienes tenían ganado destinado al consumo humano y lo trasladaban a estos pastos para llevar a cabo la trashumancia.
De esta manera, se generaba un doble beneficio ilícito relacionado con los pastos. Por un lado, se registraban oficialmente en los documentos a los ganaderos que solicitaban las ayudas de la PAC como usuarios de estos pastos para recibir el subsidio, pero en realidad eran otros ganaderos quienes se beneficiaban de su uso y debían pagar por su utilización.
Esta trama fraudulenta estaba dirigida por el Jefe de la Sección Agraria Comarcal (SAC), quien tenía la responsabilidad directa de validar y gestionar los diversos expedientes fraudulentos. Sorprendentemente, desatendía las advertencias de los técnicos de su propia administración.
Es importante destacar que la veterinaria encargada de inspeccionar el ganado era la pareja sentimental del mencionado Jefe de la SAC. Curiosamente, durante el período en el que se llevaron a cabo las actividades ilegales bajo investigación, ella no realizó ninguna inspección de campo, a pesar de la presencia de numerosos factores de riesgo.
Además, el presidente de la Junta Vecinal, que resultaba ser el hermano del Jefe de la SAC, emitía certificados falsos sobre el uso de pastos fraudulentos, un documento oficial necesario para solicitar las ayudas.
Por otro lado,
Varias personas relacionadas personalmente con el Jefe de la SAC y vinculadas a una asociación de defensa de ganaderos se encargaban de reclutar a ganaderos que buscaban obtener las ayudas en diferentes provincias.
Estos individuos llevaban a cabo las gestiones necesarias para que los ganaderos pudieran beneficiarse ilegalmente de las subvenciones.
Cabe destacar que esta operación representa la primera vez que una unidad del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) colabora con la Fiscalía Europea. El desarrollo de la operación estuvo a cargo de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) y contó con la colaboración de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Palencia.
