Considera que no se ha demostrado la implicación de Lorenzo (PSOE) y Barelles (PP) en las irregularidades detectadas.
El juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Castellón ha decretado el sobreseimiento provisional de las investigaciones seguidas contra dos exsubdelegados del Gobierno de la provincia, Antonio Lorenzo del PSOE y David Barelles del PP, en la causa abierta por la trama de falsificación de facturas detectada en la institución. Ambos autos derivan de la causa principal que sigue abierta por hechos que ocasionaron un perjuicio a las arcas públicas superior a los 250.000 euros entre 2007 y 2017. Recientemente, dos antiguos funcionarios y cinco proveedores de la Subdelegación han sido encausados por estos hechos.
En la causa principal, se han constatado indicios de elaboración de facturas falsas para el pago de servicios que en realidad no se habían prestado, entre otras irregularidades. El juez instructor ha determinado que los exsubdelegados eran ajenos a la trama y que firmaron directamente o por personas delegadas las facturas y ordenaron los pagos, bajo la creencia de la realidad de estas prestaciones y servicios.
En el caso de Antonio Lorenzo, el auto señala que no se ha demostrado su intervención directa en la elaboración de documentación falsa respecto a los comensales que acudieron a diferentes comidas y gastos en restaurantes. En el caso de David Barelles, el auto destaca que durante su mandato se vieron reducidos los gastos en restaurantes y en las comidas.
Ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado se opusieron a la solicitud de sobreseimiento formuladas por las defensas de ambos investigados. Contra los dos autos se pueden interponer recursos de reforma y/o de apelación.
El magistrado destaca la extensa instrucción practicada que se remonta a 2017 y que llegó a tener más de 30 investigados. En esta trama, el habilitado de la Subdelegación del Gobierno de Castellón, encargado de la gestión económica, en connivencia con otras personas, ideó una trama para desviar fondos públicos de la Subdelegación hacia su patrimonio o el de otras personas o mercantiles, valiéndose de la elaboración de facturas falsas por servicios no prestados o por cuantías diferentes.
Perjuicio económico
Las facturas falsas por servicios no prestados o por cuantías diferentes fueron abonadas por la administración tras las conformidades y órdenes de pago correspondientes, causando un perjuicio económico a las arcas públicas por importe superior a 250.000 euros. Los exsubdelegados, Antonio Lorenzo y David Barelles, ajenos a la trama y bajo la creencia de la realidad de estas prestaciones y servicios, firmaron directamente o por persona delegada, las conformidades y ordenaron los pagos con cargo a la Subdelegación.
El magistrado considera que no se ha demostrado la participación de ambos, «vista la documentación obrante en autos, las distintas declaraciones realizadas en sede judicial, los informes policiales obrantes en la causa y el particular resultado de las distintas diligencias de instrucción practicadas».
El informe pericial sobre la legalidad, eficacia y economía de los gastos satisfechos por la Subdelegación del Gobierno de Castellón durante los años 2004 a 2017, realizado por la Intervención General del Estado, reveló, entre otros extremos, que los gastos de la Subdelegación por atenciones protocolarias y representativas y por reuniones carecían de una adecuada justificación y que se había verificado una gestión «ineficiente» de los recursos públicos, al haberse empleado «mayores recursos de los que eran necesarios para cubrir las necesidades públicas».
También se puso de relieve la existencia de una serie de facturas correspondientes a gastos por procesos electorales que no se produjeron como consecuencia de la celebración de los procesos electorales y, por tanto, que no procedía su imputación al presupuesto habilitado para ello. De igual manera, se puso de relieve que de forma indebida se había utilizado por parte de la Subdelegación el pago en efectivo de manera recurrente a lo largo de los años.
