Ayuntamientos valencianos se rebelan contra los “macropolígonos” de renovables

Ayuntamientos valencianos se rebelan contra los “macropolígonos” de renovables

Diferentes municipios de la Comunitat Valenciana se movilizan contra los decretos de la Generalitat y los “macropolígonos” de energías renovables que "amenazan su autonomía municipal".

 

La Coordinadora Valenciana per la Ubicació Racional de les Energies Renovables ha impulsado una campaña para que los municipios valencianos presenten mociones en sus plenos con el objetivo de frenar la aplicación de diversas normativas autonómicas que limitan la autonomía local en la gestión del suelo y permiten la urbanización de espacios protegidos para proyectos de energías renovables.

Petición de derogación de normativas

Los ayuntamientos que han decidido sumarse a esta iniciativa reivindican la derogación de varios articulados de leyes y decretos considerados lesivos para la capacidad municipal de ordenación territorial. En concreto, la Coordinadora solicita la eliminación de:

  • El artículo 9 (apartados 1, 2 y 3) y una parte del artículo 19 del Decreto Ley 14/2020, que permite la urbanización del suelo no urbanizable protegido de los municipios para instalaciones fotovoltaicas, salvo que el plan general lo prohíba expresamente, lo cual no ocurre en la mayoría de casos.
  • El artículo 1 del Decreto Ley 1/2022, que restringe la capacidad municipal para decidir sobre el tipo de proyectos de energías renovables que pueden implantarse en suelo no urbanizable y limita la suspensión de licencias urbanísticas como herramienta de ordenación territorial.
  • El apartado 5 (puntos 4 a, b y c) del artículo 122 de la Ley 6/2024 de 5 de diciembre de simplificación administrativa, que reduce la autonomía municipal al forzar la compatibilidad urbanística general, ampliando el suelo no urbanizable ocupable, incluso si está protegido, y prohibiendo la suspensión general de tramitación de licencias prevista en el artículo 68 de la TRLOTUP.

Zonas inundables y la revisión del PATRICOVA

Otro de los puntos clave de estas mociones es la exigencia de revisar el PATRICOVA (Plan de acción territorial de carácter sectorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunidad Valenciana), con el fin de adaptarlo a la nueva realidad tras los episodios de DANA. La propuesta busca prohibir instalaciones de producción o almacenamiento de energía en zonas inundables o que generen riesgos por escorrentía, revisando también los proyectos ya en tramitación dentro de estas zonas de riesgo.

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Denuncias contra el modelo especulativo

Desde la Coordinadora, se argumenta que estas regulaciones han dado pie a un fenómeno especulativo bajo la excusa de la emergencia climática, permitiendo la implantación de macroproyectos que impactan negativamente en los espacios forestales y agrícolas municipales. Según la plataforma ciudadana, las normativas impugnadas benefician a grandes empresas y fondos de inversión, dejando a los municipios sin capacidad de decisión sobre su propio territorio y permitiendo la urbanización de hasta el 10% del suelo no urbanizable, incluso el protegido.

Movilización municipal

Los ayuntamientos están trasladando estas mociones a la Generalitat Valenciana con el objetivo de presionar para modificar una regulación que consideran abusiva y contraria al derecho constitucional a la autonomía municipal. Algunos municipios ya han aprobado las mociones en sus respectivos plenos, sumándose a esta reivindicación por una ordenación territorial más justa y sostenible.