La Asociación Naturalista de Ayora y la Valle (ANAV), miembro de la Coordinadora Valenciana por la Ubicación Racional de las Energías Renovables, está organizando una caravana de vehículos particulares que recorrerá la comarca de norte a sur el próximo 20 de mayo.
El objetivo es concienciar a la población sobre los perjuicios que conlleva la instalación de grandes plantas fotovoltaicas, en lugar de los beneficios que se prometen. Desde 2020, este grupo ecologista ha llevado a cabo diversas acciones para evitar que distintos grupos empresariales construyan hasta 25 plantas fotovoltaicas en cinco de los siete municipios de la comarca (a excepción de Cortes de Pallás y Teresa de Cofrentes), abarcando un total de 6.400 hectáreas de superficie. ANAV es consciente de que si cuentan con el respaldo decidido de la población, tanto la Generalitat Valenciana como el Gobierno central se pensarán muy bien otorgar las autorizaciones necesarias. La presión popular también afectaría a los promotores de los proyectos, quienes están muy atentos a su imagen corporativa y cómo podría afectar a sus resultados financieros.
La delegación de gobierno ha sido informada sobre la previsión de una treintena de vehículos y alrededor de un centenar de personas que participarán en la caravana. En líneas generales, la caravana partirá desde Cofrentes y seguirá la N-330, la carretera principal de la comarca. Los vehículos estarán identificados con pegatinas y podrán ser personalizados si se desea. Durante el trayecto por el pueblo de Cofrentes, se emitirá un discurso reivindicativo a través de megafonía, y los voluntarios de ANAV distribuirán folletos e intentarán responder a las preguntas de los transeúntes. Luego, la caravana se dirigirá hacia las localidades de Jalance, Jarafuel, Teresa de Cofrentes y Zarra, donde se llevarán a cabo las mismas acciones. El recorrido finalizará en Ayora, pasando por diversas calles y culminando con un discurso en el parque de los Morerales.
El sumidero valenciano
El colectivo ecologista expresa su pesar de que el Valle de Ayora-Cofrentes sea considerado únicamente como una «zona de sacrificio» por parte de la administración, un lugar donde se instalan grandes infraestructuras energéticas que abastecen de energía a las ciudades del litoral, pero que nadie quiere en su propio hogar debido a que afectan negativamente al entorno. Entre estas infraestructuras se encuentran la central nuclear, siete parques eólicos con un total de 215 molinos, y el complejo hidroeléctrico de Cortes-La Muela, que consta de una presa, un embalse y tres centrales de generación. Estas instalaciones producen conjuntamente más de 10.500 GWh al año, lo que representa el 60% de la energía consumida en la comunidad autónoma.
Sin embargo, incluso con todas estas infraestructuras ya existentes en la comarca, no parece ser suficiente, ya que ahora se plantea la adición de plantas fotovoltaicas que generarían otros 1.152 MW de potencia y requerirían la construcción de 165 kilómetros adicionales de tendidos eléctricos. Lo preocupante es que no se están teniendo en cuenta los impactos sobre la tierra, ya que pretenden instalarse en las llanuras, que son las zonas más fértiles y propicias para la actividad agropecuaria. Además, se pasa por alto el impacto sobre la fauna, lo cual resultaría en la inviabilidad de su presencia en la zona. El paisaje también sufriría alteraciones irreversibles, lo que afectaría negativamente al turismo. En resumen, se trata de una riqueza cuyos costos recaen en el ámbito rural, mientras que los beneficios se desvanecen hacia las zonas urbanas.
Una mentira tras otra
No es cierto que la instalación de parques fotovoltaicos esté contribuyendo a cambiar el modelo energético. Tampoco es cierto que se estén utilizando las energías renovables como medida para combatir el cambio climático.
Insiste Carmela Cerdá, miembro de ANAV y coordinadora comarcal de la campaña. «Si realmente fuera así, las zonas de producción energética estarían ubicadas cerca de las áreas de consumo, lo que reduciría el impacto en la naturaleza y evitaría la necesidad de transporte. Además, las energías renovables deberían utilizarse para reemplazar las fuentes de energía convencionales, no para sumarse a ellas, lo cual es lo que está ocurriendo en la actualidad».
Otra «falacia» que los ecologistas buscan desenmascarar es la idea de que la instalación de estas infraestructuras generará empleo y compensará la despoblación. Es evidente que los molinos eólicos apenas han logrado esto a una escala insignificante. Incluso si consideramos la central nuclear, que se supone que es el sustento laboral de la comarca, ¿Cómo es posible que a pesar de haber producido supuestamente 300.000 millones de kWh desde su puesta en marcha, lo que implica una enorme cantidad de trabajo y dinero, todos los pueblos de la comarca hayan perdido población en estos años? Se supone que una actividad es beneficiosa cuando la gente no tiene que abandonar su hogar para buscar oportunidades laborales, ¿verdad?
Según la activista, la creación de empleo generada por la central nuclear en sus 38 años de actividad ha provocado el abandono de las actividades tradicionales de la zona. Si se hubieran implementado políticas adecuadas y sostenibles, habría sido posible consolidar durante todo este tiempo una economía y una estructura social local arraigada al territorio, más limpia y a largo plazo más beneficiosa que la central nuclear. «¿Qué sucederá cuando la nuclear cierre? Ya hemos perdido el conocimiento y las habilidades que teníamos antes de su llegada. Ocurrirá lo mismo que está sucediendo en Asturias o en León después del cierre de la minería: estos territorios quedan arruinados y la gente ya no sabe cómo vivir en ellos«.
Logros y esperanzas
La Coordinadora Valenciana por la Ubicación Racional de las Energías Renovables, en la cual ANAV se encuentra integrada junto a otros 56 colectivos, ha logrado importantes avances desde 2020, cuando se emitió el famoso decreto 14/20 por parte de la Generalitat, que permitía la instalación de parques eólicos y solares en suelo no urbanizable. Estos avances han contribuido a frenar la avalancha de agresiones medioambientales que se avecinaban. El primero de ellos fue el cambio de actitud provocado en Compromís, uno de los partidos que forma parte del gobierno tripartito de la comunidad. Inicialmente, Compromís apoyaba el decreto diseñado por el PSOE y la consellera Mireia Moyà. Sin embargo, la presión ejercida por los grupos ecologistas, junto con el temor a perder votos ante Unidas Podemos, el tercer miembro del tripartito alineado desde siempre con las posturas ambientales, llevó a Compromís a sustituir a Moyà por Isaura Navarro, quien es mucho más exigente en cuanto a los requisitos ambientales que deben cumplir los proyectos energéticos presentados por las empresas.
Con la nueva consellera, la Generalitat ha revisado cientos de alegaciones presentadas por particulares, colectivos y ayuntamientos, y hasta el momento ha rechazado definitivamente 19 proyectos fotovoltaicos que afectaban a 11 municipios. También a nivel local, la campaña ecologista está dando frutos: el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado acuerdos plenarios adoptados por 21 ayuntamientos que solicitan la suspensión de licencias para este tipo de actividades. Obviamente, el número total de proyectos que continúan su trámite es mucho mayor, pero estos datos demuestran que algo está cambiando cuando la ciudadanía decide tomar cartas en los asuntos que le conciernen.
Plan especial
ANAV se enfrenta a dificultades adicionales en la comarca, ya que además de los proyectos amparados por el Decreto Ley 14/20, contra los cuales ha presentado alegaciones en 22 casos, los ayuntamientos de Ayora (PP), Jarafuel (PP) y Zarra (PSOE) se habían unido en 2019 para adoptar un «Plan especial de ordenación de infraestructuras de generación de energía fotovoltaica«. Este plan declaraba ciertas áreas de sus términos municipales como aptas para la instalación de grandes plantas solares. Un total de 5.769 hectáreas de la Cañada de Jarafuel y la Vega, tierras fértiles destinadas al cultivo de cereales y almendros, quedarían sospechosamente al alcance de un promotor italiano, GeniaDaVinci SL, que figura como la entidad responsable del proyecto en el primer borrador de la propuesta. Una vez aprobado el plan, esta entidad tendría la posibilidad de desarrollar varias plantas energéticas en la zona.
ANAV actuó rápidamente para presentar alegaciones contra este plan, debido a las presuntas irregularidades detectadas. Entre ellas se encontraba el hecho de que no eran los propios ayuntamientos los encargados de redactar el plan, sino una empresa privada que, curiosamente, también estaba interesada en obtener esos terrenos. Además, se señalaron deficiencias en el proceso de participación pública y se resaltó el impacto ambiental agresivo que tendría en el territorio. Sin embargo, todas las alegaciones presentadas por ANAV fueron desestimadas y el plan continuó su trámite, estando actualmente cerca de ser aprobado. ANAV está considerando la posibilidad de impugnar legalmente el plan una vez sea aprobado.
Además, el grupo ecologista se está preparando para interponer un recurso contencioso-administrativo contra el proyecto denominado Valle Solar, cuyo titular es la mencionada empresa italiana y afecta a más de 537 hectáreas en Jarafuel.
Por último, también se han involucrado en la creación de una comunidad energética en Ayora con un propósito doble: alcanzar la autosuficiencia energética de sus miembros mediante el uso racional y responsable de energías limpias, y al mismo tiempo demostrar que es incorrecto afirmar que la producción de electricidad a través de macroplantas eólicas y solares impulsada por grandes empresas tiene como objetivo mitigar el cambio climático, corregir el modelo energético o beneficiar a la población local. En realidad, su objetivo principal es obtener un enorme beneficio económico a expensas de devastar el territorio y los pueblos del interior. Y así, no.
Foto Portada: Miembros de ANAV en la manifestación convocada por ALIENTE en octubre de 2021 en Madrid.
Foto Interior: Una activista se dirige a la gente subida a un banco en una plaza de Ayora.
