El ex responsable jurídico de Divalterra José Luis Vera ha asegurado este martes que las contrataciones presuntamente irregulares de altos directivos en la compañía pública venían nombradas "desde arriba", por la parte del PSPV" del presidente de la Diputación" y por parte de Compromís "de la vicepresidenta o la secretaria general".
Vera ha comparecido en calidad de testigo frente al tribunal que juzga el conocido como ‘caso Alquería‘, con catorce acusados por contrataciones presuntamente irregulares de altos directivos de Divalterra para favorecer al PSPV y a Compromís.
Al lado de esta causa, que arrancó hace un par de semanas en la Audiencia de Valencia, el ex responsable jurídico está implicado en el ‘caso Azud’, en el que se estudian supuestas ‘mordidas’ a cambio de adjudicaciones de obra pública del Consistorio de València. Eso sí, el tribunal ha advertido en esta sesión que solo se efectuarían preguntas relativas a ‘Alquería’.
Conforme José Luis Vera ha contado al fiscal,
Vera entró en la sociedad en el primer mes del verano de dos mil quince y no debió ver con las 7 contrataciones de alta dirección, si bien sí tuvo perseverancia de que era una especie de rumor que se iba a fichar a por decirlo de alguna manera, gente de confianza de la Diputación. En ningún instante se me solicitó un informe hasta más tarde.
Con respecto a si los entonces gerentes le comunicaron que se iban a realizar esos contratos, ha asegurado que Josep Ramon Tíller era «una persona bastante reservada excepto cuando llegaba a enfrentarse en sus disputas con el presidente (Jorge Rodríguez), que eran continuas y lo que le llevó a destituirlo».
En cambio, ha afirmado que la otra gerente, Agustina Brines, «solo» le preguntó si estos cargos debían incorporarse por concurso o de manera libre y lo hizo de forma «informal». «Le afirmé que parece evidente que deben entrar por concurso», ha subrayado.
Conforme a su versión, los gerentes estaban «obviamente preocupados por el hecho de que todas y cada una de las personas les venían dadas de obligado cumplimiento desde arriba y se sentían incómodos, unos por el tipo de proceso y otros por el tipo de personas».
En un instante creo que de sinceridad, Brines afirmó que el inconveniente era que deben venir sí o sí y que, entre muñir un concurso o contratar por alta dirección, si cualquier día debía explicarlo a un juez, prefería decir que usó los de alta dirección mas que jamás había amañado un contrato.
Ha insistido, Vera, en su declaración.
LA GERENTE, «UN POCO ABOCHORNADA»
Preguntado por Raúl Ibáñez, uno de los altos cargos, Vera ha sostenido que le sorprendió y «enojó» cuando la gerente le afirmó que se iba a añadir al área que dirigía, y que «la propia Brines estaba un tanto abochornada en frente de eso» y sondeó sus destrezas y no le «produjo una gran calma».
«Un día, prácticamente comprendo que por casualidad, Brines me presentó a Xavier Rius -actual Diputado provincial de Compromís– y se aproximó hablándome realmente bien de Raúl Ibáñez y me afirmó que había llevado la acusación de Terra Mítica. Me sorprendió por el hecho de que esa acusación la llevé yo «, ha expuesto, para resaltar que por último «lo nombraron«.
A preguntas de la acusación particular del PP, Vera ha convocado a los cargos propuestos por Compromís y PSPV y ha apuntado que uno de estos últimos, Miguel Ángel Ferri, «conforme se afirmaba era muy amigo (de Rodríguez) pues habían trabajado en Ontinyent».
Sobre de dónde venían las contrataciones, ha señalado que «era una cosa bastante clara: cuando menos lo que transmitían es que arriba en el Partido Socialista era del presidente de la Diputación y del consejo de administración y de Compromís no sé si la vicepresidenta o la secretaria general». Ha remarcado que Brines estaba «muy incómoda e intranquila«, mas prosiguió con la contratación pues «no tenía más remedio» que hacerlo o renunciar, y que tanto ella como Tíller «prácticamente no conocían a la gente».
Después ha contado que le exigieron a la gerente,
Que despidiese a treinta personas y la halló ansiosa y llorando, con una presión brutal hacia ella, frente a lo que ha dicho que le aconsejó que aguantase el tirón. Aquello no tenía un asesoramiento jurídico, era como decir: me estás machacando.
Cuando Tiller abandonó la compañía y entró como gerente Víctor Sahuquillo, Vera ha contado que este «se interesó mucho por las personas que habían entrado como altos directivos» y solicitó un informe al letrado externo de recursos humanos.
«GUERRA INTERNA»
Desde ese punto, ha explicado que «comenzó una tensión entre él (Sahuquillo) y bastante gente y la propia Brines«. «Había una especie de guerra interna: le remitía informes a Jorge Rodríguez y existía, creo que por su lado, una voluntad de eliminar a personas que habían sido contratadas como altos cargos; no tanto por la manera de contratación, sino más bien pues deseaban otro tipo de personas en ese sitio», ha contado, lo que según él derivó en «una guerra de informes» externos entre las áreas de PSPV y Compromís.
El testigo ha señalado que solo le solicitaron un informe a él «tras 9 que se habían cruzado entre ellos» sobre los altos cargos y que los gerentes le señalaron que era a solicitud de Rodríguez. «Ya tenemos el lío. ¿Ahora qué hacemos?», ha narrado.
En este informe, tras recalcar que les dejó claro que no es especialista en derecho laboral, ha asegurado que comprobó que «había una irregularidad en esos contratos» y propuso que o podían considerarse como laborales y no de alta dirección -algo que «se hacía en la propia Imelsa«- o la opción alternativa «un tanto provocativa» de sacar las 7 plazas a concurso «si no son precisas».
No me consultaron nada más, tras el informe solo me llegó algo como que no me había mojado lo bastante o que no había hecho un informe que les salvara la cara y pasaron de mí.
Ha afirmado.
No obstante, a preguntas de la letrada de Rodríguez ha matizado que mandó otro informe al presidente en el que propuso como posibilidad contratarlos de alta dirección, si bien ha puntualizado que su relación con el asimismo primer edil de Ontinyent fue «muy reservada» y se centraron «más en hablar de (el caso) Taula que de otra cosa». «No lo conocía de nada», ha subrayado ya antes de rememorar que a él le planteó del exportavoz socialista José Manuel Orengo y «esto no era plato de buen gusto».
EXPLICA QUE RODRÍGUEZ AMENAZÓ CON CESARLE
Cuestionado por el fiscal por si sostuvo conversaciones con Rodríguez o con su exjefe de gabinete Ricard Gallego o si le pidieron algo, Vera ha contado que compartió por teléfono «palabras muy gruesas» con Gallego cuando éste, según él, le solicitó «tirar a esos hijos puta de (José Luis) Pellicer —denunciante del caso y ex responsable jurídico– y a (Alejandro) Muñoz –auditor interno-«. «Tuvimos un rifirrafe realmente serio y cogió el teléfono Rodríguez y me dice: ¿Tú sabes que te puedo cesar? Le afirmé, ya tardas, y ahí quedó».
Dicho esto, ha remarcado,
Tiene constancia de que Brines propuso que los contratos debían cesar y Rodríguez le respondió que no se cesaban y desde ahí dependían de forma directa de él.
Ha confirmado además de esto que eran personas dependientes del PSPV y nombradas por Sahuquillo.
Con respecto a la etapa en la que Vera estuvo de baja, entre diciembre de dos mil dieciséis y mediados de dos mil dieciocho, ha asegurado que se sostuvo al tanto de la situación «tremenda» de la compañía, con «presiones y una suerte de brutalidades con Gallego y (Jorge) Cuerda, letrado-consultor y otro de los acusados».
Cuando retornó a la empresa, ha concretado, que los altos cargos ya habían cesado «por el hecho de que había un escándalo público y la mejor solución era quitarlos de encima». «Después no pasó nada: no se nombró a absolutamente nadie y prosiguió todo igual», ha añadido.