
El consistorio también está llevando a cabo labores para recuperar 70 viviendas sociales que han sido ocupadas ilegalmente en la ciudad, lo que representa el 30% del total de estas propiedades.
El concejal de Vivienda, Sergio Toledo, se ha pronunciado hoy sobre la situación de las viviendas sociales en Castellón, resaltando los esfuerzos del actual equipo de gobierno para solucionar problemas heredados.
Toledo ha señalado que, tras la llegada de la alcaldesa Begoña Carrasco al gobierno municipal, fue necesario desbloquear la compra de 12 viviendas sociales que estaban paralizadas y envueltas en un conflicto legal. «Esta situación dejaba en la calle a las familias beneficiarias, y tuvimos que actuar con rapidez para resolverlo, ampliando así el parque de vivienda social», ha explicado.
El edil ha contrastado la gestión actual con la de los gobiernos anteriores, destacando que, en ocho años, solo lograron adquirir seis viviendas sociales. «Esto demuestra la falta de interés de quienes nos precedieron», ha afirmado.
Además, ha subrayado el compromiso del equipo de gobierno actual para convertir este mandato en «el de la vivienda en Castellón», haciendo hincapié en la importancia de atender las necesidades de las familias, especialmente de los jóvenes. «Esto contrasta con la inacción del anterior equipo municipal y del gobierno del Botànic», ha añadido.
Presupuesto y recuperación de viviendas ocupadas
Toledo ha destacado que el presupuesto de este año incluye una subvención de 800.000 euros para la compra de viviendas sociales. Sumando los remanentes y la consolidación de las cuentas municipales, la inversión total superará los 1,5 millones de euros para ampliar el parque de vivienda social en 2024.
Asimismo, el concejal ha confirmado que el Ayuntamiento ha iniciado procesos de desalojo en viviendas sociales ocupadas ilegalmente, un problema que, según él, se agravó durante la anterior administración. «Estamos trabajando en la recuperación de 70 viviendas sociales ocupadas, lo que representa el 30% del total. Estas viviendas deben estar disponibles para las familias que realmente las necesitan y que cumplen los procedimientos legales para acceder a ellas», ha detallado.