Mulet: "Sigue sin avances la DIA para el desmantelamiento y abandono de los pozos del almacén Castor, paralizado desde 2013".
Las instalaciones de Castor llevan selladas desde 2016 y el proyecto está paralizado desde hace 10 años, sin que todavía a día de hoy se haya desmantelado la infraestructura del proyecto, el cual costó una cantidad no clara cercana a los 1.800 millones de euros a las arcas públicas. El Gobierno acaba de responder al portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, quien manifestó su preocupación por la tardanza en el desmantelamiento,
En el momento actual, el yacimiento se encuentra completamente sellado mediante dos tapones temporales en cada uno de los dos pozos, instalados en marzo de 2016, que no se han cambiado. Así, se reconoce que siguen caducados desde abril de 2018.
Explica el senador
Por otro lado, el Gobierno admite que aún no posee la Declaración de Impacto Ambiental favorable necesaria según la normativa ambiental vigente para comenzar el procedimiento de abandono de los pozos de Castor, que permanecen sellados desde 2016 y en estado de inactividad desde hace una década. Mulet subraya que, esto contrasta con las afirmaciones de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien en 2019 anunció el «inminente» desmantelamiento del almacenamiento subterráneo de Castor.
Según el portavoz Carles Mulet, «el triste papel de la ministra con Castor es incalificable a estas alturas por la temeridad demostrada en todos los niveles de tramitación. Desde sus inicios al no ser diligente con los potenciales problemas sísmicos al ubicar este almacén sobre una falla que se desestabilizó y ahora tomando las medidas oportunas para eliminar el riesgo que supone tener una instalación en medio del mar con los tampones colocados en 2016 caducados«.
El senador explica que «Ribera solo aprovecha Castor, que fue un problema de primer orden para las comarcas del Maestrat y el Montsià, para obtener rédito electoral antes de cada elección. No hay autocrítica ni responsabilidad. Lo vemos con este controvertido proyecto que se hizo a medida de Escal UGS y las empresas de Florentino, que nos costaron 1.800 millones de euros, mucho más que los trenes que no caben o los submarinos que no flotan, o con la falta de responsabilidad que están demostrando con la irracional ampliación del puerto de Valencia en el actual contexto de emergencia en el que nos encontramos», ha concluido Mulet.
Conforme destacan desde Compromís, la Junta de Portavoces del Senado, que es el órgano responsable de incluir la creación de una Comisión de Investigación sobre el proyecto Castor, como han pedido 39 senadores desde hace más de dos años, sigue sin tramitar la solicitud, lo que ha sido considerado como «antidemocrático» por la coalición.
El año pasado, Mulet ya pidió un informe de los Servicios Jurídicos sobre la falta de continuidad en la tramitación de la solicitud de creación de una Comisión de Investigación para esclarecer las responsabilidades existentes con el almacén energético hibernado Castor, así como de las actas y documentos de los distintos órganos de la Cámara en los que se haya abordado esta solicitud de creación.
¿QUÉ ES EL PROYECTO CASTOR Y DÓNDE ESTÁ LA PLATAFORMA?
El proyecto Castor fue un proyecto de almacenamiento subterráneo de gas natural desarrollado en la costa de Vinaròs, en la provincia de Castellón, en la Comunidad Valenciana, España. Fue promovido por la empresa Escal UGS, filial del grupo ACS, y consistía en la creación de un depósito subterráneo para el almacenamiento de gas natural en una capa de roca salina a una profundidad de 1.700 metros.
El proyecto comenzó en 2007 y estuvo operativo durante un breve periodo de tiempo en 2013, hasta que se detectaron más de 500 terremotos en la zona, algunos de ellos de una magnitud considerable, lo que llevó al Gobierno a paralizar el proyecto y cerrar el almacén. Posteriormente, en 2016, se procedió al sellado de los pozos.
El proyecto fue objeto de una gran polémica debido a los terremotos y a las consecuencias económicas y medioambientales que generó. El coste del proyecto ascendió a unos 1.800 millones de euros y el Gobierno tuvo que indemnizar con más de 1.350 millones de euros a la empresa Escal UGS por la cancelación del proyecto. Además, la zona afectada por los terremotos sufrió graves daños económicos y medioambientales.
Desde entonces, se han venido produciendo diversas polémicas y reivindicaciones relacionadas con el proyecto, como la petición de creación de una comisión de investigación en el Senado para esclarecer las responsabilidades existentes con el proyecto, la falta de desmantelamiento del mismo y la situación de los afectados por los terremotos.
