El total de las facturas impagadas por José Roca, José Antonio Espejo y Rafael Montero correspondientes a los cursos aprobados es de 190.770 euros.
La sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha dictado sentencia condenando a dos años de prisión y 3.000 euros de multa al expresidente de la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC), José Roca; al exsecretario general, Rafael Montero; y al exdirector de Formación, José Antonio Espejo, como autores de un delito agravado de apropiación indebida en el caso relacionado con la gestión de las subvenciones para planes de formación por parte de la patronal empresarial.
Además, la sentencia les impone una indemnización conjunta y solidaria de 131.520 euros, 31.200 euros y 28.320 euros a tres empresas en concepto de responsabilidad civil por el importe de los cursos de formación subvencionados y desviados. La CEC en liquidación será responsable civil subsidiaria en estas cantidades.
La Audiencia Provincial ha establecido como hechos probados que en el marco de un expediente abierto por el SERVEF para ejecutar un plan de formación prioritario para trabajadores ocupados, el director de Formación y Cualificación Profesional dictó una resolución el 25 de noviembre de 2011 por la cual se concedió a la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (CIERVAL) una subvención global de 12.267.438,72 euros para la ejecución del plan de formación intersectorial.
Asimismo, se dictó otra resolución del director de Formación y Cualificación Profesional el 29 de noviembre de 2010, en la que se acordó el anticipo de 9.011.352 euros, correspondiente al 75% de la subvención concedida, y otros 9.000 euros en concepto del 75% de anticipo del coste del informe de auditoría. Estas cantidades fueron transferidas por el SERVEF a CIERVAL mediante transferencia bancaria.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón concluye que los condenados, en su calidad de presidente, secretario general y director de Formación de la CEC, apropiaron de forma indebida parte de las subvenciones concedidas por el SERVEF para la ejecución del plan de formación intersectorial y para ayudas al alumnado gestionadas por entidades asociadas a CIERVAL.
En concreto, se transfirieron a la CEC 3.160.090,20 euros correspondientes a las ayudas para la ejecución de acciones formativas, que no fueron justificadas debidamente. La Audiencia establece como hechos probados que la CEC no realizó todas las actividades formativas previstas y que los trabajadores no recibieron toda la formación programada.
La sentencia establece una condena de dos años de prisión y 3.000 euros de multa para los condenados, así como una indemnización conjunta y solidaria de 131.520 euros, 31.200 euros y 28.320 euros a tres mercantiles perjudicadas por el importe distraído subvencionado por los cursos de formación prestados. La CEC en liquidación asumirá la responsabilidad civil subsidiaria.
Los acusados José Roca, José Antonio Espejo y Rafael Montero, en su gestión de las subvenciones para planes de formación de la CEC, dispusieron de 190.770 euros destinados al pago de cursos de formación que fueron abonados directamente por ellos, en beneficio propio o de la Confederación, y no a las entidades privadas que los impartieron.
Estas entidades emitieron las correspondientes facturas y las presentaron a la CEC para su pago, el cual fue gestionado por los acusados en vez de ser destinado a los impartidores de los cursos. El total de las facturas impagadas por la CEC correspondientes a los cursos aprobados es de 190.770 euros. La Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a los acusados a dos años de prisión y una multa de 3.000 euros, así como a pagar una indemnización de manera conjunta y solidaria de 131.520 euros, 31.200 euros y 28.320 euros a tres mercantiles perjudicadas.
