El valor total de las camisetas confiscadas por la Policía Local de Peñíscola habría superado los 22.000 euros en ventas.
La Policía Local de Peñíscola, en Castellón, ha confiscado 1.500 camisetas falsificadas destinadas a la venta ilegal durante dos operaciones realizadas a principios de agosto.
Específicamente, los días 4 y 5 de agosto se decomisaron 749 y 751 camisetas, respectivamente, en dos controles de vehículos. Ambos operativos se llevaron a cabo en vehículos de reparto que transportaban mercancías para puestos de venta ambulante no autorizados.
En ambos casos, se encontraron y se confiscaron cajas llenas únicamente de camisetas.
El valor total de las camisetas en el mercado callejero habría superado los 22.000 euros, y si hubieran sido originales en lugar de falsificaciones, su valor de mercado habría superado los 130.000 euros, según las estimaciones de la Policía Local.
El jefe de la Policía Local de Peñíscola, Antonio Morejón, explicó,
Los vehículos transportaban el material en cajas de casi 30 kilos de peso.
Morejón destacó «la efectividad de estos controles en las vías de conexión con otros municipios, lo que facilita la incautación masiva de artículos».
Además, Morejón indicó que para prevenir la venta de estos productos en la vía pública, se han llevado a cabo operativos conjuntos con la Guardia Civil durante el mes de julio, lo que ha permitido evitar el establecimiento de puestos de venta no autorizados.
Gracias a la colaboración entre las fuerzas de seguridad, hemos logrado prevenir la expansión de estos artículos en la vía pública y continuaremos trabajando en esta línea, intensificando los operativos durante agosto.
Afirmó Morejón, agradeciendo la cooperación de la Guardia Civil.
Por su parte, el alcalde Andrés Martínez expresó su agradecimiento a los agentes por su esfuerzo y dedicación durante los meses de verano, cuando se intensifican los servicios y se enfrenta el problema de la venta ilegal, «un desafío para los ayuntamientos debido a la falta de recursos y herramientas adecuadas».
En este contexto, Martínez ha solicitado al Gobierno una mayor implicación en el control y erradicación de esta práctica que afecta negativamente a las economías locales.
