Ramírez: "Este asunto pertenece a mi esfera personal y no guarda relación con mis competencias como concejal".
El concejal de movilidad en el Ayuntamiento de Castellón, Cristian Ramírez, ha iniciado su intervención con un discurso «desde el corazón», como enfatizó, para ofrecer explicaciones a la ciudad de Castellón desde el consistorio, en la «casa de todos». Esta ha sido su razón para explicar por qué ha esperado hasta hoy para comparecer en público. Aprovechó la ocasión para destacar que ha atravesado «los siete meses más difíciles de su vida» y que en política «no todo tiene justificación» frente al acoso que ha experimentado en los últimos días.
Cristian Ramírez, pidió disculpas hoy por no saldar las multas de la zona azul pendientes en las etapas previas del procedimiento administrativo, haciéndolo en la fase final. Además, destacó que nunca trató de eludir su responsabilidad como edil y denunció sentirse objeto de una «cacería injustificada«.
A día de hoy no tengo ninguna multa pendiente en la empresa de la ORA, del mismo modo que no tengo ninguna deuda con el Ayuntamiento de Castellón y aquí tengo los certificados que lo demuestran, de la empresa de la ORA y de la oficina de recaudación. He pagado mi error y les aseguro que no le ha costado dinero a los castellonenses.
Ha asegurado.
Estas declaraciones las hizo Ramírez durante el Pleno extraordinario convocado en el Ayuntamiento esta mañana de viernes, solicitado por el Grupo Socialista para que explicara las infracciones cometidas en la zona azul y la situación de las multas.
Al inicio de su intervención, la portavoz del Grupo Socialista, Patricia Puerta, expresó su sorpresa al ver al concejal de Movilidad sentado en el Pleno, señalando que «si tuviera un mínimo de vergüenza, decencia y moral, habría presentado su dimisión«. Asimismo, dirigió sus palabras a la alcaldesa, Begoña Carrasco, a quien calificó de «protectora y cómplice», cuestionándole si considera grave acumular 167 multas.
Lo sorprendente es la habilidad con la que se desenvuelve en la mentira, ya que es descarado y carece de respeto al afirmar que las multas son un asunto privado del concejal, cuando desde el inicio de su mandato acumuló 85 infracciones en la zona azul y solo habría abonado 20 utilizando el parquímetro. Puede que al equipo de gobierno les cause risa, pero para el resto de los ciudadanos provoca indignación.
Señaló.
«Cuando alguien se equivoca 167 veces, debería presentar su dimisión», enfatizó Puerta, acusando a la alcaldesa de presentar a Ramírez como un «ciudadano comprometido» y sugiriendo irónicamente que podrían nombrarlo hijo predilecto.
Pagó las multas porque se vio acorralado; de no haber sido denunciado, seguiría actuando impunemente.
Añadió la concejal socialista, quien expresó su desconfianza al no haberse embargado las multas y anunció su determinación de llevar el caso «hasta el final».
Puerta resaltó que con la «mala praxis y la negligencia laboral» del concejal, este ha «traicionado la confianza de la ciudadanía, y cualquier vecino, además de pagar multas, habría enfrentado un despido«. Asimismo, se cuestionó qué le debe el PP a Ramírez, preguntando si su valía radica más en lo que calla que en lo que dice.
Durante su intervención, Cristian Ramírez enfatizó que esta era la ocasión «más compleja» de su vida al hablar en público, debido a la expectación generada por la oposición. El concejal expresó sentirse víctima de una «cacería injustificada» y compartió detalles sobre sus orígenes «humildes», subrayando las adversidades que ha superado y su lucha para avanzar. Explicó su ingreso a la política con el propósito de contribuir a mejorar la ciudad, señalando que el camino hasta convertirse en concejal no fue sencillo.
Me resulta incomprensible tanta maldad, mentira, odio y daño. Me han acusado de realizar las pintadas de CORRUPSOE, una denuncia que será archivada, y me imputan acumular multas que no son verídicas. Ustedes son alumnos aventajados de Sánchez.
Afirmó.
Cristian Ramírez pide disculpas
Ramírez señaló que podría optar por esconderse y esperar a que todo pase o mentir, pero aseguró que no lo hará porque no quiere decepcionar a los vecinos. Destacó que ha abonado todas las infracciones administrativas pendientes, reconociendo que debería haberlo hecho antes y ofreciendo disculpas por posponer el pago hasta la última fase del procedimiento administrativo.
Ramírez ha explicado que el cambio de domicilio y el hecho de que su vehículo sea de renting han ocasionado retrasos en la recepción de las notificaciones de las multas. No obstante, ha afirmado que nunca ha intentado eludir su responsabilidad como concejal, subrayando que no tiene ninguna multa pendiente ni deuda con el Ayuntamiento. Además, ha destacado que este asunto pertenece a su esfera personal y no guarda relación con sus competencias como concejal.
En ningún momento he abusado de mi cargo de concejal, y el escarnio público al que me he visto sometido es desproporcionado. No he cometido ningún delito, sino una infracción administrativa comparable con olvidar la fecha de la ITV, arrojar una colilla al suelo o no llevar luz en la bicicleta. Aunque no sea estético, nadie tiene derecho a insultarme ni a vigilar mi persona y mi vehículo. Esto no es hacer oposición, sino acoso y derribo.
Afirmó el concejal.
El edil admitió que «no hay justificación y por eso pido disculpas«. En sus palabras, reconoció: «Cuando alguien comete un error, lo único que puede hacer es pedir disculpas. Pido perdón por no haber atendido los pagos con la prontitud y diligencia necesarias, por no haberlos abonado en primera instancia y por haber pospuesto el pago hasta la última fase del procedimiento administrativo. Este actuar no es ético ni estético, lo reconozco».
Denuncias ante Agencia de Protección de Datos y juzgados
El concejal de Movilidad recordó que ya había presentado «dos denuncias ante la Agencia de Protección de Datos. Una contra la empresa concesionaria del servicio de aparcamiento de la ORA, responsable del tratamiento de los datos de las multas, por fallo de seguridad o por apertura voluntaria de sus ficheros».
En la misma Agencia, Ramírez mencionó que se había presentado «otra denuncia contra el concejal Jorge Ribes, por hacer públicos en sede plenaria datos de unas presuntas sanciones de tráfico, y que pudo haber obtenido en el tiempo que desempeñó las responsabilidades de concejal de Movilidad».
Por otro lado, el edil de Movilidad informó sobre la interposición de otra denuncia, esta vez en los juzgados y también contra el concejal Jorge Ribes, «como posible autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, por hacer pública información privada en el pleno, que atañe a los artículos 197.2, 197.4 y 198 del Código Penal».
Concluyó anunciando que defenderá su honor utilizando todos los recursos legales disponibles y señaló que ha presentado una denuncia ante el juzgado y la Agencia Española de Protección de Datos debido a lo sucedido en el Pleno, ya que considera inaceptable el uso de información privada.
Por su parte, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, resaltó que el concejal de Movilidad «más de tres veces por semana infringía la ordenanza de la ORA en 2023» y cuestionó por qué decidía no pagar el euro en la máquina cada semana, a diferencia del resto de los ciudadanos de Castellón. Añadió con ironía que quizás pensaba que, por ser concejal, podría evitar las multas.
García ha afirmado que «el PP debe decidir si queremos tener como responsable de una ordenanza a quien la incumple, si su valía radica más en lo que calla que en lo que hace«, señaló. El portavoz instó al concejal de Movilidad a presentar su dimisión, argumentando que Castellón no merece contar con un responsable de Movilidad que no cumple las normas.
Renuncie por su propio bien, porque si solicitamos explicaciones al fiscal, tendrá que dar cuenta de por qué no ha pagado, y ese día recibirá una patada.
Añadió.
El concejal socialista, Jorge Ribes, por su parte, acusó a Ramírez de presentarse en el Pleno como «un corderito degollado, buscando compasión y señalando a quienes revelan sus multas». Indicó que el relato de la semana ha sido «un circo», con las mismas excusas por parte del portavoz del gobierno y la alcaldesa. Afirmó que la alcaldesa dice que pagará las multas como cualquier ciudadano común, pero argumentó que los hijos de los vecinos normales no acumulan 167 multas, y si las tuvieran, les habrían embargado.
El concejal del Partido Popular, Sergio Toledo, expresó su agradecimiento a Ramírez por su «ejercicio de autocrítica». Le reconoció que es consciente de su error y que entiende que no debería repetirse.
Sé que estás arrepentido, pero muchos de los que están en la oposición han cometido acciones reprochables que ni siquiera hemos cuestionado por respeto a su entorno, y nunca se les ocurrió pedir disculpas.
Subrayó.
Toledo hizo hincapié en que algunos de quienes critican a Ramírez han perdonado a terroristas y malversadores de fondos públicos, pero exigen su dimisión por una sanción administrativa, lo cual consideró una postura de «hormigón armado». Además, agregó que el error de Ramírez se circunscribe al ámbito privado, mientras que «la negligente gestión de PSOE y Compromís afecta a todos los vecinos y será sufragada por la comunidad en su conjunto». Concluye.
Fotografía portada: RR.SS.
