Lucía García (PP) :"Los recursos de Cabanes son de la comunidad y se exige la máxima transparencia y responsabilidad en la administración de las finanzas públicas".
El Partido Popular de Cabanes (Castellón), ha expresado su voto en contra de la cuenta general correspondiente al ejercicio de 2022, la cual «revela la presencia de facturas en el cajón y contratos a dedo correspondientes a la etapa de gobierno del PSOE«.
Así lo ha manifestado la portavoz del PP en el municipio, Lucía García, luego de que este asunto fuera debatido en el pleno el pasado 10 de octubre.
El informe económico resalta la falta de conciliación en las cuentas, una contabilidad desactualizada, facturas no contabilizadas y servicios sin la debida reserva de crédito.
Lucía García, asimismo, ha subrayado que no pueden respaldar una gestión que afecta negativamente a todos los involucrados, especialmente a quienes brindan servicios al ayuntamiento y experimentan demoras en el pago debido a la falta de diligencia en la gestión.
En este contexto, la concejala ha recordado al alcalde y a su actual socia de gobierno, la socialista Virginia Martí,
Los recursos de Cabanes pertenecen a la comunidad y se exige la máxima transparencia y responsabilidad en la administración de las finanzas públicas.
Conforme explica García, «la cuenta general de 2022 para Cabanes revela la existencia de una práctica habitual en la que las facturas no se registraban en contabilidad hasta que se confirmaba la disponibilidad presupuestaria». Lucía García, portavoz del PP en el municipio, ha señalado que se realizaba el trabajo pero las facturas no se contabilizaban hasta que se garantizaba que había fondos para pagar.
Esta situación evidencia que las cosas no se estaban haciendo de manera adecuada, sino que se posponían hasta las elecciones.
El Partido Popular ha insistido en la necesidad de revisar la información proporcionada por el Ministerio, ya que consideran que está distorsionada. Además, han resaltado la importancia de actualizar el inventario, la cuenta de patrimonio y el archivo municipal.
También han enfatizado que no se deben repetir las irregularidades en la tramitación de expedientes administrativos, como la omisión de los informes de los empleados públicos. Han expresado su desacuerdo con la «práctica habitual de solicitar informes externos a medida», y han exigido que las alertas emitidas por la intervención municipal «se utilicen para corregir una gestión económica que claramente ha sido precaria». Concluye.
