La denuncia presentada por las asociaciónes, incluye acusaciones de prevaricación, falsedad en documento público y malversación de caudales públicos.
Las asociaciones vecinales y ONGs medioambientales han denunciado presuntas «irregularidades» en la aprobación del PAI Doña Blanca Golf en Torreblanca, Castellón. Según un comunicado reciente, el Juzgado número 2 de Castellón ha iniciado diligencias para investigar la identidad de los responsables y las circunstancias de los hechos.
La denuncia, presentada por la asociación Anem anant-Ciutadans per Capicorb, la Asociación Protectora de la Naturaleza Levantina-Ecologistas en Acción (APNAL) y GECEN, incluye acusaciones de prevaricación, falsedad en documento público y malversación de caudales públicos. Estas organizaciones cuestionan los acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de Torreblanca que aprobaron el ‘Expediente 1179/2019’, el cual adjudica a la agrupación de interés urbanístico Azahar Sea Torreblanca la condición de agente urbanizador para el desarrollo de varias áreas de suelo urbanizable.
De acuerdo con las denuncias, el proyecto presenta diversas «irregularidades». Las asociaciones citan informes recientes, como el de la secretaria municipal de mayo de 2023, el del interventor municipal del mismo mes y el del secretario municipal de marzo de 2024, que evidencian que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto data de 2003 y está caducada desde hace más de diez años. También se cuestiona la inclusión dentro del PAI de Suelo No Urbanizable de Especial Protección, en contra de la normativa, dado que la zona afecta un saladar catalogado por la Conselleria como zona húmeda, abarcando aproximadamente veinticuatro hectáreas.
Las asociaciones recuerdan que una situación similar ocurrió con el Cuadro de Santiago, que ahora está debidamente catalogado. Además, señalan que falta la certificación de suficiencia de recursos hídricos por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y que no se ha previsto un sistema de depuración de aguas residuales. También destacan que, en mayo de 2024, los cinco años de cadencia que el PATIVEL concede a los ayuntamientos para realizar reparcelaciones vencieron sin que se hubiera realizado ninguna obra del PAI.
El ayuntamiento, según el informe del arquitecto municipal, ha intentado justificar la excepción al plazo de cinco años basándose en la construcción de una carretera en 2010 fuera del PAI, algo que las asociaciones consideran una justificación insostenible.
Las denuncias también tocan aspectos de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, la normativa de equilibrio presupuestario municipal y la protección de bienes patrimoniales históricos. Los cargos acusados incluyen a los representantes de la corporación municipal que aprobaron las bases de programación y la adjudicación, así como al arquitecto municipal, en relación con los delitos de prevaricación, falsedad en documento público y malversación de caudales públicos.
Las asociaciones afirman que se está ignorando el valor ecológico del saladar de Torrenostra, comparando la situación con la ley Cambó de 1918, que promovía la transformación de los humedales en territorios productivos. La falta de clasificación adecuada de estos espacios como Suelo No Urbanizable de Protección Especial (SNUPE) y su posible destrucción se consideran actos delictivos que van en contra de la Ley de Restauración de la Naturaleza, que prioriza la protección y restauración de los espacios naturales.
