El conductor se podría enfrentar a una pena de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses.
La Guardia Civil ha arrestado a un conductor profesional de camiones en Torrevieja por cometer un delito de falsificación en documento público. El conductor había insertado en el tacógrafo del camión en el que circulaba la tarjeta de otra persona. La tarjeta utilizada ha sido confiscada y el vehículo ha sido inmovilizado, quedando a disposición judicial.
Los acontecimientos tuvieron lugar el 19 de agosto pasado, cuando agentes pertenecientes al Equipo Especialista de Transporte del Destacamento de Tráfico de Torrevieja llevaban a cabo un control de transporte en la autopista AP-7 a su paso por el municipio de Torrevieja.
Durante esta operación, durante la inspección de un camión articulado con caja, los agentes descubrieron una irregularidad significativa. El conductor, que era el único ocupante del vehículo, tenía insertada en el tacógrafo una tarjeta de conductor que pertenecía a otra persona, lo cual constituía un claro caso de uso fraudulento del documento en cuestión.
A raíz de este hallazgo, se procedió a confiscar de inmediato la tarjeta y a detener al conductor. El individuo es un ciudadano alemán de 54 años de edad, quien está acusado de cometer un presunto delito de falsificación en documento público.
El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de Alicante está llevando a cabo investigaciones adicionales para esclarecer el origen de la tarjeta utilizada y determinar si su titular estaba al tanto del uso ilegal que se estaba realizando.
La detención, junto con las diligencias policiales correspondientes, ha sido informada al Juzgado de Guardia e Instrucción de Torrevieja.
La Guardia Civil enfatiza que estas tarjetas son personales e intransferibles, y deben ser utilizadas únicamente por sus titulares. Estas tarjetas están diseñadas con el propósito de prevenir que los conductores excedan las horas de conducción permitidas y para asegurar que se respeten los descansos diarios obligatorios. El incumplimiento de estas regulaciones no solo representa un riesgo significativo para la seguridad en las carreteras, sino que también puede fomentar una competencia desleal en el sector del transporte.
Es importante señalar que este tipo de delito está tipificado en el artículo 392 del Código Penal, y conlleva una pena de prisión de 6 meses a 3 años, así como una multa de 6 a 12 meses.
