La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, prepara su renuncia al frente del Ministerio Público, poco después de reincorporarse de una baja médica por una operación en la columna vertebral, y tras un mandato de dos años y medio marcado por las críticas.
El Consejo de Ministros ha nombrado este martes al fiscal de Sala Álvaro García Ortiz como nuevo fiscal general del Estado, en sustitución de Dolores Delgado, conforme fuentes del Gobierno. La propia Fiscalía ha emitido más tarde un comunicado en el que explica que Delgado remitió «una carta a la Ministra de Justicia, Pilar Llop, expresando su voluntad de separarse de las responsabilidades por motivos de salud». La exministra de Justicia presenta su renuncia aduciendo motivos personales, relacionados con su salud.
La nota pública explica «lo extremadamente difícil» que ha supuesto para la ya ex fiscal general esta resolución «en la que ha debido conjugar su indudable vocación de servicio público con un alto sentido del deber y responsabilidad». Conforme el comunicado, todas y cada una estas razones combinadas le han llevado «a la convicción de que no se halla en las condiciones físicas demandadas para tan alta función».
La exministra de Justicia, que pasó a ocupar esta situación de manera directa desde su precedente cargo al comienzo de la legislatura actual, ha presentado su renuncia aduciendo razones de clase personal, relacionadas con su salud.
Conforme la nota pública, «el día pasado veinte de abril de dos mil veintidós, Delgado se sometió a una intervención de emergencia en la columna vertebral, que consistió en la supresión de un quiste sinovial que comprimía el conducto de las vértebras L2/L3 del lado derecho, como la supresión de una fractura de la faceta articular de la vértebra, con una columna muy perjudicada que forzará a nuevas intervenciones quirúrgicas». La permanencia de Delgado en la Fiscalía General representaba uno de los escollos primordiales aducidos por el PP para abordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la oferta de Acuerdo por la Justicia entregada hace algunos días en Moncloa.
En verdad, el último Informe sobre el Estado de derecho en España publicado hace apenas 6 días por la Comisión Europea insistía, por tercer año sucesivo, en la necesidad de asegurar la «independencia» del Ministerio Público, como una de las faltas del sistema judicial de España.
Conforme el comisario Didier Reynders, el Estatuto Fiscal hace bien en resguardar el cargo, que una vez designado por el Gobierno no puede ser removido. Mas las garantías de independencia deberían incorporar que su orden «no estuviera vinculado al cambio de Gobierno». La misma oferta del PP aclaraba que una de las bases primordiales del disconformidad con el Ejecutivo de Pedro Sánchez era la situación «anormal de manera democrática» de Delgado. Los de Alberto Núñez Feijóo planteaban, aun, que la ley arbitrase un sistema valorado de relevo en la Fiscalía.
El nuevo fiscal general, Álvaro García fue portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Ya antes, estuvo destinado en la Fiscalía de Santiago de Compostela y llevó el caso Prestige, cuya vista oral se alargó a lo largo de meses. Cuando Delgado fue nombrada fiscal general del Estado, García fue incorporado a su equipo y era en la práctica su número dos.
La nota oficial de la Fiscalía hace cómputo del orden de Delgado en su nombre. Conforme afirma, tras un par de años y medio en el cargo, «es satisfactorio«.
Para la fiscal saliente,
Se han cumplido los objetivos del proyecto, se han conseguido jalones históricos para la carrera fiscal y la Justicia de España»y se ha obrado un cambio de paradigma en la Fiscalía centrado en la trasparencia, los valores democráticos, los derechos humanos, la perspectiva de género y la protección de los más vulnerables.
