Martí: "Respaldaremos todas las acciones de defensa de los pueblos emprendidas por los ayuntamientos y la Generalitat Valenciana."
El presidente de la Diputación de Castellón, José Martí, ha reiterado su oposición al proyecto Magda para construir una planta solar fotovoltaica en la provincia de Castellón. Él cree que este proyecto tendrá un impacto significativo en el territorio y en los municipios de les Coves de Vinaromà, Vilanova d’Alcolea, la Torre d’en Doménec, Benlloc, Alcalà de Xivert, Torreblanca, la Vall d’Alba, Cabanes, Vilafamés, Sant Joan de Moró, Borriol, Castelló de la Plana y Almassora, donde se ubicarán la instalación y las líneas de evacuación.
Martí expresó su reacción tras la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Según el presidente,
Este proyecto causa preocupación y rechazo social en los pueblos de la provincia.
Asimismo, ha indicado que serán coherentes con la declaración institucional aprobada el 15 de febrero de 2022 en la Diputación, que fue transmitida a la Generalitat Valenciana y al Gobierno de España. En dicha declaración se expresa claramente el rechazo de PSPV-PSOE, Partido Popular, Compromís y Ciudadanos a esta iniciativa.
Martí, ha afirmado que, como era de esperar, darán todo su apoyo a los alcaldes que creen que asegurar el suministro energético no debe tener un impacto negativo en el territorio ni ser incompatible con la actividad agrícola. Por lo tanto, ha explicado,
Respaldarán todas las acciones de defensa de los pueblos emprendidas por los ayuntamientos y la Generalitat Valenciana.
El presidente José Martí piensa que con noticias como esta, la petición presentada el lunes en la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la FEMP en Ourense cobra aún más sentido. La petición instaba al Gobierno a incluir en el futuro Estatuto Básico de los Municipios de Menor Población que todas las leyes, disposiciones, reglamentos y normativas que se promulguen deben ir acompañadas de un estudio de territorialidad que tenga en cuenta su impacto económico, laboral y social en el territorio.
