El equipo de gobierno de la Diputación de Castellón llevará al pleno del mes de febrero una moción para instar a las entidades bancarias y a otros organismos a “ofrecer una atención adaptada en ventanilla durante el horario que las oficinas estén abiertas al público, para facilitar una atención más comprensible a la ciudadanía y, en especial, a la gente mayor y a personas con diversidad funcional”.
La moción, presentada por los portavoces de PSPV y Compromís -las dos formaciones del equipo de gobierno-, también contempla la petición de que “estas entidades no cobren comisiones por conceptos derivados del servicio de atención a las personas que no tienen las habilidades para poder hacer, de forma autónoma, las distintas gestiones en los cajeros automáticos y que se aplique una tarificación social en la aplicación de comisiones, en función de las peculiaridades de cada cliente”.
Además, se pide “que los productos financieros que se ofrezcan por parte de estas entidades a los clientes del servicio sean transparentes y comprensibles”, apuntando que “la claridad en la redacción debe ser una regla para no confundir a las personas y hacerlas contratar productos que se ignoran o bien incurrir en gastos innecesarios y abusivas”.
Dentro de la propuesta del equipo de gobierno, que se va a llevar a debate en la sesión plenaria del martes quince de febrero, se recoge “promover la instalación de cajeros en todos los municipios de la provincia, muy en especial tras el progresivo cierre de sucursales”. Junto a ello, se considera preciso que los poderes públicos eficientes “legislen y regulen una normativa bancaria más justa y solidaria, en especial para las personas más vulnerables”.
Plan de servicio rural financiero
Por otro lado, desde el equipo de gobierno de la Diputación se solicita a la la Generalitat Valenciana y a la Federación Valenciana de Ayuntamientos y Provincias que ponga en marcha “un plan de servicio rural financiero en aquellas entidades locales que no disponen de una oficina bancaria ni atención presencial”.
Este plan, tal y como plantea el equipo de gobierno, debería incluir la reactivación del servicio bancario en las poblaciones que no tuvieron ningún género de servicio financiero, basado en parámetros de responsabilidad social, moral bancaria y compromiso con el territorio.
Además, tendría que contemplar talleres y capacitación de alfabetización digital dirigidos a la reducción y erradicación de la brecha digital rural en la Comunidad Valenciana.
Por último, se propone trasladar este pacto a las direcciones generales de los bancos con sede en la provincia de Castellón, a la Asociación Española de Banca, así como en el Consell de la Generalitat, a los conjuntos parlamentarios de las Cortes Valencianas, a la Federación Valenciana de Ayuntamientos y Provincias, y al Síndico de Greuges.
Exposición de motivos
En su argumentación, el equipo de gobierno destaca que en los últimos tiempos la prestación y la calidad de los servicios bancarios presenciales en la población se han reducido de forma extraordinaria, un proceso que “se ha visto agravado por la digitalización, las fusiones y asimismo por la pandemia, con la implantación de la cita previa, las restricciones de acceso a las oficinas y las limitaciones de horarios de atención”.
Esta es una situación que afecta la población generalmente, pero sobre todo, a los colectivos de personas mayores y con diversidad funcional, “que ven sus derechos vulnerados por la carencia de una atención específica que los asisto a ejercerlos de forma conveniente y segura”. Con este fenómeno “estamos ante una situación de maltrato a los colectivos más frágiles y, en suma, en la población en general”.
