La vicesecretaria del PSPV-PSOE de la provincia de Castellón y senadora destaca que, una vez más, el Gobierno de España demuestra su compromiso con las personas
”La renta mínima es un nuevo derecho que marcará un antes y un después en la lucha contra la desigualdad y con la que España se suma a la mayoría de países europeos en disponer de esta renta básica para la ciudadanía más vulnerable”. Con estas palabras, la vicesecretaria del PSPV-PSOE de la provincia de Castellón y senadora, Ana Edo, ha puesto en valor el ingreso mínimo vital que fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros con lo que Pedro Sánchez, “una vez más, demuestra su compromiso con las personas y las familias”.
“En este momento, ese compromiso con las personas se materializa con la aprobación de la renta mínima que beneficiará a más de 850.000 personas en España”, apunta Edo. La senadora destaca que la renta mínima o ingreso mínimo vital “supone un paso importante en la lucha contra la pobreza y la desigualdad” y “un avance para los derechos del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas”. “Sobre todo, de los niños y niñas sin recursos porque esta nueva prestación será de gran utilidad para combatir también la pobreza infantil”, añade la vicesecretaria de la ejecutiva provincial.
Para Edo, “el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez sigue siendo que nadie se quede atrás, que nadie se quede excluido y que todos puedan vivir dignamente”. “Y el Gobierno de España, una vez más, ha demostrado ese compromiso con las personas y con las familias, con esta renta mínima que se suma a la batería de medidas puestas ya en marcha o que se están ya implementando en estos momentos en muchos sectores (autónomos, pymes, trabajadoras del hogar, ganaderos y agricultores) haciendo todo lo posible para que las familias sufran lo menos posible las consecuencias de la pandemia mundial que estamos viviendo”, concluye la senadora socialista.
La renta mínima o ingreso mínimo vital es una prestación económica —en su modalidad no contributiva de la Seguridad Social— que tiene como objeto prevenir y luchar contra el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia que carezca de los recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas.
