El alcalde remarca que la media de incremento de la contribución en los últimos diez años está por debajo del repunte en el coste de la vida en una década
El Pleno del Ayuntamiento de Vila-real ha aprobado la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) con el objetivo de incrementar un 5% dicho tributo para equiparlo a la subida del IPC, que alcanza un 5,5% interanual. El aumento de la contribución en un porcentaje algo más bajo que el encarecimiento de la vida permitirá compensar parte del desequilibrio presupuestario del que ha advertido la Intervención municipal de cara a 2022 por el aumento de gastos y la caída de ingresos. Un desequilibrio debido principalmente al repunte de los nuevos contratos, la subida del coste de algunos servicios como el tratamiento de los residuos, el esfuerzo económico ante la crisis por la covid-19 y la herencia del urbanismo y la deuda del PP, a lo que se suma la merma de ingresos, agravada por la sentencia del Tribunal Constitucional que suspende el cobro de impuesto de plusvalía.
El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha remarcado durante el Pleno que “nos enfrentamos a unas circunstancias tremendamente complicadas” y ha hecho hincapié en que “Vila-real, a diferencia de otras ciudades, ha tenido la desgracia de que el Partido Popular nos dejó una ciudad completamente arruinada y además no tenemos una tasa de basura que nos permita asumir el incremento brutal en el coste de la gestión de los residuos, que en los últimos cinco años ha sido de cinco millones de euros”.
El alcalde ha aportado los recibos que él mismo abona por el IBI de sus propiedades para demostrar que en diez años la media de lo que ha pagado es menor de lo que abonó en 2011 cuando gobernaba el PP. Según Benlloch, la media de incremento en los últimos diez años en el IBI “está por debajo de lo que ha subido el coste de la vida en este tiempo, que según el INE ha sido del 9,7%” pero en cambio “tenemos el triple de instalaciones deportivas, el triple de zonas verdes, un bus gratuito, y el triple de subvenciones con entidades sociales que nos ayudan a hacer una ciudad competitiva”.
El presidente de la Comisión de Hacienda, Xus Madrigal, ha cifrado en 4,4 millones de euros el desequilibrio previsto en el presupuesto del próximo año a causa de este incremento de gastos y bajada de ingresos y ha subrayado que con el incremento del IBI acorde al IPC “sólo compensamos un 20% de esta cantidad”. El teniente de alcalde ha desgranado el incremento de costes: 400.000 euros por la subida del salario de los funcionarios aprobada por el Gobierno central; 950.000 euros por el nuevo contrato de residuos y limpieza viaria; 223.000 euros para el contrato programa de Servicios Sociales; 250.000 euros por el incremento del 3% en el canon de Reciplasa para el tratamiento de residuos; 180.000 euros para el refuerzo de limpieza en colegios: 100.000 euros más para las entidades sociales; 500.000 euros para las acciones del Pacto local por el renacimiento; 250.000 euros para los planes de empleo cofinanciados con la Generalitat Valenciana y la Diputación. A ello se une una reducción de ingresos, a consecuencia principalmente de la supresión del impuesto de plusvalía, que impactará en 1,6 millones en las cuentas municipales. Madrigal ha incidido en que “tampoco podemos olvidar el aumento de los gastos financieros por la deuda heredada del PP ni las sentencias derivadas de la gestión urbanística popular que seguirán llegando el próximo año” y ha remarcado que, pese a todo, “no podemos dejar de prestar servicios ni lanzar por la borda la alianza social que hemos tejido en diez años”. La modificación de la ordenanza del IBI ha salido adelante con el voto a favor de PSPV y Unides Podem y el voto en contra de PP, Compromís, Ciudadanos y Vox.
Por otro lado, el Pleno también ha dado luz verde a la adjudicación a Caixa Rural Vila-real de la operación de préstamo de 3.171.860 euros con la que el consistorio podrá hacer frente a inversiones de futuro para la ciudad como la expropiación de terrenos para la construcción del cuarto instituto, la finalización de las obras del intercambiador de transportes en la estación de Renfe, la rehabilitación de la alquería de Botànic Calduch, el traslado del servicio de Atención y Trámites al Gran Casino o la remodelación de los antiguos juzgados para trasladar la concejalía de Economía y el departamento de Tesorería; además, este crédito permitirá abonar las dos últimas sentencias judiciales derivadas de la gestión urbanística del PP para la apertura de la avenida Portugal y la construcción del jardín de Jaume I en 2009 y 2010, que ascienden a cerca de 1,4 millones de euros. El préstamo se suscribirá a interés de Euríbor + 0,51, con un plazo de amortización de 10 años y dos años de carencia. La adjudicación de este préstamo se ha aprobado con los votos a favor del PSPV, Unides Podem, Ciudadanos y Compromís, y la abstención de Vox y PP.
