La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, afirma que el objetivo es “garantizar la imparcialidad del trabajo de fiscalización al equipo de gobierno” en este asunto, siendo el partido con mayor representación de los dos solicitantes de dicho foro.
La comisión investigará los trámites, el destino de los dos millones de euros y el funcionamiento real del Centro Integrado Municipal de Emergencias y Seguridad, así como los contratos en equipamiento para los agentes de Policía Local, los viajes al extranjero del área de Seguridad y el registro de una marca de propiedad municipal en México.
El Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón ha solicitado presidir la comisión de investigación de la sala de emergencias de la Policía Local. Así se ha trasladado formalmente en la Comisión de Estudio de Gobierno Interior, celebrada hoy, de cara a su próxima constitución, con el objetivo de “garantizar la imparcialidad del trabajo de fiscalización al equipo de gobierno de la capital de la Plana”, afirma la portavoz del Grupo Municipal Popular, Begoña Carrasco.
“Entendemos que ninguno de los grupos políticos que forman parte del equipo de gobierno debe presidirla, porque no se puede ser juez y parte. Como solicitantes de la creación de dicho foro, junto con Ciudadanos, y siendo a su vez el partido con mayor número de concejales, solicitamos poder presidir la comisión, para garantizar que no se obstruye el trabajo de investigación y el perfecto desarrollo del mismo”, ha añadido.
Hay que recordar que Partido Popular y Ciudadanos registraron el pasado miércoles, 4 de septiembre, una petición formal para investigar los trámites administrativos, el destino de dos millones de euros y el funcionamiento real del Centro Integrado Municipal de Seguridad y Emergencias, ubicado en el antiguo acuartelamiento de Tetuán XIV.
El objetivo es clarificar las noticias contradictorias que se han ido sucediendo desde que el equipo de gobierno de Amparo Marco activó la creación de la sala de emergencias, en 2016, ya que mientras PSPV y Compromís defendían su perfecto funcionamiento y su papel, se suceden las denuncias de los agentes, en las que afirman que el sistema de comunicaciones deja de funcionar reiteradamente cada vez que se producen incidencias meteorológicas.
Asimismo, el pasado 30 de mayo de 2019, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales emitía una resolución por la que desestimaba la adjudicación de un contrato valorado en 700.000 euros para la adquisición de software y hardware de la instalación, “por fallos graves en el proceso de tramitación administrativa, anulando dicho acuerdo y afirmando que no se había seguido el procedimiento legalmente establecido. Una resolución que llega cuando este contrato ya se había adjudicado a una empresa que precisamente es la misma que se encargó del montaje de la citada sala”, ha añadido Carrasco, “y a pesar de que el equipo de gobierno ya había anunciado que con la inversión de casi un primer millón de euros el centro de emergencias ya estaba prestando servicio en óptimas condiciones”.
A estas cuestiones, se suman otras relacionadas con los contratos de compra de chalecos antibala, mochilas y linternas; los viajes al extranjero para promocionar el sistema de seguridad en cuestión, y los gastos derivados de los mismos, así cómo se han financiado; o el registro de la marca Proxpol, de propiedad municipal, en México.
“Esperamos que esta petición sea atendida, y que la comisión de investigación pueda echar a andar cuanto antes, para poder despejar todas las dudas que ahora mismo hay en torno a los contratos y el funcionamiento de la sala de emergencia, porque los castellonenses tienen derecho a saber el destino de sus impuestos”, ha concluido Begoña Carrasco. De momento, ya se ha convocado la celebración de una comisión plenaria extraordinaria el próximo jueves, 12 de septiembre, a las 9.00 horas, para abordar el asunto y analizar los pasos a seguir.
