El Senado despide a dos empleados por una «infiltración masiva»

El Senado despide a dos empleados por una «infiltración masiva»

Senadores de todas las tendencias políticas se han visto afectados por el hackeo, que ya está en manos de la Fiscalía.

 

La Mesa del Senado español ha tomado la decisión este miércoles de despedir a dos trabajadores, tras la denuncia presentada por el PSOE sobre una posible «infiltración masiva» en el material informático confidencial de varios senadores, específicamente en lo que respecta a su «identidad digital». Este grave incidente, que ha sido calificado por el PSOE como un posible caso de «espionaje parlamentario», ha llevado a la Cámara Alta a poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía para una investigación exhaustiva.

Según fuentes oficiales de la Presidencia del Senado, la decisión se adoptó durante una reunión ordinaria de la Mesa, que se vio obligada a abrir un expediente disciplinario contra los dos empleados debido a la gravedad de los hechos. La institución ha justificado el despido basándose en el artículo 34.3 del Convenio Colectivo del Personal Laboral del Senado, que tipifica como «falta disciplinaria muy grave» el «fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones encomendadas». Los trabajadores, que formaban parte del departamento de informática, habrían accedido de manera no autorizada a los ‘portafirmas’ electrónicos de diversos miembros de la Mesa, senadores y personal laboral, además de descargar documentos, algunos de carácter personal.

«Un hecho muy grave»

El PSOE, que ha liderado la denuncia, ha solicitado una «investigación exhaustiva» para determinar el alcance de esta presunta infiltración y la posible vulneración de los derechos digitales de los senadores. En un comunicado oficial, el grupo parlamentario socialista ha subrayado que el incidente se produce en un contexto especialmente sensible, ya que coincide con el funcionamiento de varias comisiones de investigación en el Senado, incluyendo las relacionadas con el ‘caso Koldo’, la tragedia de la DANA en Valencia del 29 de octubre y la gestión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Algunos de los senadores afectados, como los socialistas Guillermo Fernández Vara y Francisco Manuel Fajardo, forman parte de estas comisiones, lo que incrementa la preocupación por las posibles implicaciones políticas del caso.

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El grupo socialista ha calificado la infiltración como «un hecho muy grave» que no solo afecta los derechos personales de los parlamentarios, sino que también podría suponer una «injerencia en las garantías democráticas» de su labor representativa. En este sentido, el PSOE exige claridad sobre cuántos senadores han sido objeto de esta intrusión y qué tipo de información, especialmente relacionada con su trabajo parlamentario, ha sido comprometida. Además, han instado a que la investigación sea liderada por la Fiscalía debido al «alcance y gravedad de los hechos».

Fuentes del Senado han confirmado que el caso se detectó hace meses y que los accesos indebidos afectaron a un total de 29 senadores, además de otros cargos y personal de la Cámara. La propuesta de trasladar el caso a la Fiscalía partió de la letrada mayor, máxima responsable de los servicios jurídicos de la institución, presidida por el popular Pedro Rollán.

Fuentes cercanas apuntan que los dos trabajadores, que forman un matrimonio, habrían intentado obtener información relacionada con un proceso de selección laboral, lo que podría haber motivado sus acciones. Sin embargo, el alcance exacto de los accesos indebidos y los documentos comprometidos aún no ha sido revelado públicamente, lo que ha generado inquietud sobre la seguridad de los sistemas informáticos del Senado.

El Senado, bajo la presidencia de Pedro Rollán, ha reiterado su compromiso con la transparencia y la protección de los datos de los parlamentarios, mientras que el PSOE insiste en la necesidad de una investigación a fondo para esclarecer los hechos y garantizar que no se repitan incidentes similares. La Fiscalía, que ya ha sido notificada, será la encargada de determinar si los actos constituyen un delito y si existen responsabilidades penales adicionales.

Fotografía portada: Archivo – X/@Senadoesp