El defensor del pueblo valenciano alerta de que informará de la “actitud” del consistorio en su próximo informe a Las Cortes si sigue sin dar respuestas
El Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana ha dado un ultimátum al Ayuntamiento de Castellón, otorgándole un plazo de 15 días para que entregue al defensor del pueblo valenciano un informe con las respuestas a más de 60 escritos sobre cuestiones varias relacionadas con empleo público presentadas por el sindicato entre noviembre de 2018 y septiembre de 2020. Cuestiones que, a fecha de hoy, siguen sin contestar.
Desde CSIF han recordado que “esta situación se remonta al mes de septiembre del año pasado, cuando el Síndic ya admitió a trámite una queja que presentamos y en la que denunciábamos que, desde finales de 2018, el Ayuntamiento de Castellón no contestaba ni en tiempo ni en forma a la mayoría de escritos que registramos como central sindical”.
“El pasado mes de abril, el defensor del pueblo valenciano ya remitió un requerimiento al consistorio castellonense, instándole a que, en el plazo de un mes, nos diera una respuesta por escrito pero ahora, dado que la administración local sigue sin pronunciarse al respecto, el Síndic ha presentado una nueva solicitud en la que le reclama que, en un periodo máximo de dos semanas, nos conteste de manera urgente y adecuada”, han explicado.
En este nuevo escrito, el Síndic alerta además de que, en caso de no recibir el informe municipal en este plazo, “se dará cuenta de la actitud del Ayuntamiento de Castellón en el próximo informe anual que se presenta ante Les Corts”, con expresa mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que hayan contribuido a esta situación.
“En su anterior respuesta, el Síndic ya reconocía que incluso, a la vista del contenido del informe, la Comisión de Peticiones podía solicitar de la autoridad competente la instrucción del expediente correspondiente para la depuración de las responsabilidades disciplinarias en que pudiera haber incurrido el Ayuntamiento de Castellón o remitir al Ministerio Fiscal los antecedentes del caso, por si resultaren indicios de responsabilidad penal”, han remarcado desde CSIF.
En ese sentido, han lamentado que “con su actitud, además de obstaculizar la labor fiscalizadora del sindicato, el Ayuntamiento de Castellón está vulnerando el derecho fundamental a la libertad sindical, por lo que reiteramos la necesidad de que nos trasladen a la mayor brevedad, en tiempo y forma, las respuestas que continúan pendientes y se subsane esta situación de cara al futuro”.
