El juzgado levanta el secreto de la pieza en la causa que estudia la gestión de los abusos del exmarido de Oltra a una menor tutelada.
La Fiscalía de Valencia se ha opuesto a agregar a la causa que afecta a la exvicepresidenta, exportavoz y exconsellera de Igualdad y Políticas, Mónica Oltra, por el supuesto encubrimiento de los abusos sexuales que cometió su exmarido sobre una menor tutelada, las comunicaciones entre los investigados y otros posibles actuantes desde enero de dos mil diecisiete hasta la actualidad:
Es groseramente desmedido.
Así figura en un escrito del fiscal en la pieza hasta el momento secreta del procedimiento que prosigue el Juzgado de Instrucción número 15 de València. En una resolución reciente, el juez ha alzado el secreto tras percibir las actuaciones del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
El procedimiento, que se empezó en el juzgado de instrucción, se remitió hace unos meses al tribunal valenciano al estimar el instructor rastros de delito contra Oltra, entonces aforada. Así, el órgano eficiente para investigar los hechos pasaba a ser el TSJCV.
No obstante, Oltra, tras ser imputada en la causa y tener que declarar el seis de julio, decidió desamparar sus cargos y perdió el aforamiento, con lo que la investigación –con trece altos cargos encausados– ha vuelto al Juzgado de Instrucción quince.
El juez sostiene abierta una causa primordial y una pieza sobre la que ya se ha levantado el secreto y que se produjo tras múltiples solicitudes de las acusaciones relativas a la integración en exactamente la misma de diferentes expedientes administrativos; los expedientes de contratación del Instituto Espill entre dos mil quince y dos mil veintidós y del Hogar Niño Jesús; y las comunicaciones realizadas entre los encausados y otros posibles actuantes desde enero de dos mil diecisiete hasta la actualidad.
En el texto del ministerio público relacionado con la pieza secreta, al que ha tenido acceso Castellón Diario, el fiscal se oponía a la mayor parte de las solicitudes, salvo a la integración de los expedientes vinculados con la investigación.
Con relación a los contratos con el Hogar Niño Jesús –donde se generaron los abusos-, el fiscal no ve la utilidad de los mismos:
Su unión a las actuaciones ya exageradamente grandes repercutiría más bien en perjuicio neto para la instrucción.
«Y otro tanto cabe decir en lo que se refiere a los referidos con el Instituto Espill», añade el fiscal. Y recuerda a este respecto que de este tema lo esencial es el costo para la Hacienda pública del informe por último elaborado con relación a la víctima -y en este procedimiento denunciante-.
Finalmente, sobre las comunicaciones entre encausados y otros actuantes, el fiscal advierte de que en los términos en los que se pide su integración es «groseramente desmedido» en lo que se refiere al objeto de la investigación. Y hace mención, del mismo modo, a las contrariedades, «presumiblemente ingentes», que conllevaría su racional manejo. Sí aceptaría comunicaciones que llegasen a ser conocidas y relevantes para la causa.
