Elaboraban documentos falsos con el fin de extraer cadáveres de hospitales y residencias, para luego venderlos a universidades con fines de estudio.
Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en Valencia una presunta red criminal dedicada a la venta de cadáveres. El grupo delictivo falsificaba documentación para retirar cuerpos de hospitales y residencias, con el propósito de venderlos posteriormente a universidades por la suma de 1.200 euros cada uno, según informó la Jefatura en un comunicado.
En una operación, llegaron a facturar 5.040 euros a una universidad por la realización de 11 incineraciones de cadáveres, las cuales no estaban registradas en las facturas emitidas por ninguna de las incineradoras de la ciudad, de acuerdo con las fuentes oficiales.
La investigación se inició a principios de 2023, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la retirada irregular de un cadáver de la morgue de un hospital por parte de una funeraria. Se habían realizado falsificaciones tanto en el libro de registro como en la documentación entregada al Registro Civil.
Tras intensas pesquisas, los investigadores descubrieron que dos empleados de una funeraria, valiéndose de documentos falsos, habían sustraído un cadáver de la morgue del hospital y lo habían trasladado a una universidad para su estudio en lugar de darle sepultura.
El difunto, originalmente destinado a un entierro de beneficencia financiado por el ayuntamiento local, fue vendido para su estudio por casi 1.200 euros, sin el consentimiento de ningún familiar o amigo.
La investigación reveló otro caso con el mismo modus operandi, donde el fallecido, residente de una residencia geriátrica, aparentemente habría autorizado la donación de su cuerpo tres días antes de su fallecimiento. Sin embargo, los investigadores constataron que el hombre, debido a un severo deterioro cognitivo, no habría tenido la capacidad de comprender la donación. La documentación fue manipulada para que el cadáver fuera enviado a una facultad de medicina diferente, que ofrecía un mayor pago por el mismo.
Los implicados buscaban fallecidos sin familiares, preferiblemente extranjeros o con condiciones de vida precarias en vida, para llevar a cabo las irregularidades. De esta manera, aseguraban la impunidad al evitar cualquier seguimiento por parte de familiares, buscando un mayor grado de impunidad.
REALIZABAN UNA SOLA INCINERACIÓN Y FACTURABAN VARIAS
Adicionalmente, los agentes descubrieron que también se habían producido irregularidades en las incineraciones de los cuerpos que supuestamente habían sido donados a la ciencia. Al parecer, una vez que las universidades habían concluido los estudios, estas debían asumir los costos de las incineraciones, siendo la misma funeraria la encargada de llevarlas a cabo.
Después de realizar diversas gestiones, los agentes determinaron que la funeraria había facturado a una universidad 5.040 euros por 11 incineraciones, las cuales no estaban registradas en las facturas emitidas por ninguna de las incineradoras que operan en Valencia.
Al parecer, los implicados aprovechaban el proceso de disección y desmembramiento de los cuerpos para introducirlos en los ataúdes de otros difuntos, realizando la cremación de varios cadáveres en una sola incineración. De esta manera, lograban evadir los costos asociados y, al mismo tiempo, facturaban a la universidad, obteniendo beneficios notables con esta práctica.
Finalmente, en respuesta a estos hechos, los agentes procedieron a la detención de los responsables de la funeraria investigada, así como de dos de sus empleados, considerándolos presuntos autores de un delito de estafa. Además, a dos de ellos se les imputa también un delito de falsedad documental.
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