Sorprende que con el PP enmudezcan los representantes sanitarios de Comisiones Obreras que, ni en pandemia, dieron tregua al Botánico.
Llama la atención la vía del silencio emprendida desde hace un año por la rama sanitaria de Comisiones Obreras en la provincia de Castellón, estando como está la atención o, mejor dicho, la no atención a los pacientes.
Después de dos legislaturas de ferocidad contra los gobiernos botánicos, a los que no se dio tregua ni en los peores momentos de la pandemia, ahora nos encontramos con un perfil excesivamente bajo.
Desconozco si es colaboración o miedo pero desde la vuelta del PP al gobierno autonómico han enmudecido quienes vapulearon a la Conselleria de Sanitat en tiempos de Ximo Puig.
Ahora parecen ausentes aquellos que durante el ejemplar proceso de vacunación tuvieron la osadía de incendiar a la población al grito “se llevan a Alicante las vacunas de Castellón”.
En solo un año las listas de espera del Hospital General de Castelló han aumentado significativamente al pasar de 85 días a 127.
Es una situación incomprensible porque a pesar de las reiteradas promesas de Carlos Mazón, Marta Barrachina, Miguel Barrachina y Begoña Carrasco cuando estaban en la oposición, en los últimos trece meses la sanidad ha empeorado de forma muy preocupante en la provincia.
Según las cifras oficiales, que espero que no estén maquilladas, en los últimos seis meses las listas del Hospital General han pasado de 119 días de espera a 127, un auténtico desastre si tenemos en cuenta que recientemente pudimos leer en un reputado diario local que hace un año la cifra era de 85.
Resulta evidente que “una cosa es predicar y otra bien distinta dar trigo”, porque ahora los pacientes del Hospital General tienen 42 días más de demora que en 2023.
El PP mintió descaradamente cuando estaba en la oposición con promesas que no va a cumplir y una vez en el gobierno pone de manifiesto que es un partido de gestión abiertamente deficiente, ineficaz y cara, carísima.
Para muestra el caso de una paciente que supera ampliamente el año de espera para ser operada, a la que han realizado en dos ocasiones las pruebas preoperatorias, que han terminado caducando.
La Generalitat tira el dinero al hacer pruebas preoperatorias que acaban caducando a pacientes que superan el año de espera para ser intervenidos.
La sanidad valenciana, con serios problemas de financiación y liquidez, se permite el lujo de tirar recursos económicos a la basura haciendo pruebas que acaban no sirviendo para nada.
Mientras, se colapsan las urgencias porque este tipo de pacientes de larga espera suele afrontar importantes episodios de dolor que, irremediablemente, acaban siendo tratados en hospitales.
Desorden y caos mayúsculos con graves consecuencias, como las que se derivan de la decisión de la Conselleria de Sanitat de crear una macroárea sanitaria en la provincia e implementar destinos forzosos entre hospitales para cubrir guardias, ante la falta de facultativos en el Hospital de Vinaròs.
Semejante despropósito sirve para dejar bajo mínimos la UCI neonatal del Hospital General de Castelló y generar un riesgo añadido a los potenciales usuarios de la unidad.
Es el cambiazo de Mazón, que en la oposición prometía el maná sanitario y una vez en la la Generalitat anunció que este verano solo abriría cuatro de los once consultorios auxiliares de la provincia y que tampoco se sustituirá a los profesionales de los centros urbanos que estén de baja o vacaciones.
Rafa García. Periodista
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