Interior requiere a Diputación de Castellón que aclare su apoyo al ‘parany’

Interior requiere a Diputación de Castellón que aclare su apoyo al ‘parany’

El Gobierno central, vía Fiscalía, requiere a la Diputación que aclare suposición frente a sus acciones anunciadas del 'parany'

 

El Ministerio del Interior del Gobierno de España, a través de la Fiscalía, ha solicitado a la Diputación de Castellón que aclare su respaldo al método de caza conocido como «parany» y las medidas propuestas por el gobierno provincial para obtener la autorización de las pruebas científicas del dispositivo de cesto malla. Esta comunicación fue anunciada por el vocero del gobierno de la Diputación, Héctor Folgado, durante la sesión ordinaria correspondiente al mes de agosto, celebrada en el día de hoy.

El anuncio fue realizado por Héctor Folgado durante su exposición de voto respecto a la moción en la cual la Diputación de Castellón expresa su respaldo al método de caza «parany» y busca obtener la autorización por parte de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio para llevar a cabo las pruebas del cesto malla.

Tal como detalló el portavoz del gobierno provincial, tras haber dado a conocer las distintas propuestas que se planean promover para hacer viable el método de caza «parany», la Diputación recibió una comunicación por escrito del Ministerio del Interior del Gobierno de España, a través de la Fiscalía, en la que se solicita aclarar el respaldo otorgado y las acciones anunciadas para llevar a cabo.

Héctor Folgado enfatizó que el apoyo al método de caza «parany» es «firme» y que «aquellos que piden estudiar el cesto malla no están cometiendo ningún delito; de hecho, están haciendo un trabajo valioso para adaptar la caza tradicional del ‘parany’ a la legislación vigente». Lamentó que este esfuerzo por cumplir con el marco legal enfrente obstáculos.

El vicepresidente y portavoz del gobierno relató las acciones realizadas por la administración provincial en los primeros 60 días de la legislatura. La hoja de ruta comenzó con la creación de un área específica dedicada a la caza en la nueva estructura organizativa de la institución provincial, con el objetivo de brindar mayor respaldo e apoyo institucional al sector.

Una semana después de haber tenido un primer encuentro con la Asociación de Paranyers de la Comunitat Valenciana (Apaval), la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, reafirmó su respaldo al sector cinegético. En esta ocasión, la reunión se llevó a cabo con la participación de la presidenta de la Diputación de Castellón, la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, y el presidente de Apaval, Miguel Ángel Bayarri. Durante este encuentro, se acordó unir esfuerzos para fortalecer la caza, considerada «fundamental» para la conservación del territorio y el medio ambiente.

En caso de que los resultados de las pruebas del cesto malla sean positivos, la institución provincial trabajará en la creación de una línea de ayudas para facilitar la implementación del cesto malla en los «paranys», además de firmar un convenio especial con Apaval para establecer la Escuela Provincial del Parany, que ofrecerá cursos y jornadas en diferentes municipios.

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La moción aprobada en apoyo a Apaval y a la realización de las pruebas del cesto malla contó con los votos a favor del equipo de gobierno del Partido Popular, el PSOE y Vox, mientras que los dos diputados de Compromís votaron en contra. «Estamos convencidos de que el cesto malla es la solución, pero si no lo fuera, no nos detendremos aquí y continuaremos buscando la manera de preservar el método ‘parany'», concluyó Héctor Folgado.

MEGAPLANTAS ENERGÉTICAS

En la sesión plenaria, también se ha aprobado una resolución con el propósito de coordinar con el Consell el respaldo legal a los municipios de la provincia y la actuación de la Diputación frente a los grandes proyectos energéticos. En esta línea, la resolución, respaldada por el gobierno del Partido Popular y Compromís, con las abstenciones del PSOE y Vox, busca exhortar al Gobierno de España a respetar las competencias autonómicas en materia de planificación territorial y urbanismo, y a no autorizar proyectos que violen la normativa autonómica, además de rechazar los proyectos de jurisdicción estatal que cuenten con informes desfavorables de los departamentos autonómicos competentes en términos de territorio, paisaje, medio ambiente o energía.

La resolución dirigida al Consell insta a tomar las medidas legales necesarias para impugnar, a través de los procedimientos jurídicos pertinentes, las autorizaciones estatales que se hayan otorgado o puedan otorgarse en relación con aquellos proyectos que cuenten con evaluaciones negativas. De igual manera, la institución provincial urge al Consell a llevar adelante las reformas normativas que resulten necesarias para maximizar las salvaguardias medioambientales y paisajísticas en la autorización de proyectos energéticos que se encuentren en el ámbito de las competencias autonómicas.

Finalmente, la Diputación insta al Consell a sumarse, dentro de sus competencias, a la labor de brindar asesoramiento y apoyo legal en la implementación de proyectos fotovoltaicos de gran envergadura, tal como la Diputación se ha comprometido a hacer en apoyo a los municipios, con el fin de frenar la implantación de estos proyectos de gran escala en sus respectivos términos municipales.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO

Por otra parte, la sesión ordinaria ha dado luz verde a una modificación presupuestaria de 200.000 euros destinada a mitigar las pérdidas sufridas por las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los trabajadores autónomos que resultaron afectados por los incendios ocurridos hace más de un año, así como por los incidentes ocurridos a lo largo de este año 2023.

Mediante esta revisión presupuestaria, la Diputación de Castellón busca establecer una línea de ayudas con el propósito de que todos los municipios impactados por los incendios puedan activar las ayudas correspondientes destinadas a los trabajadores autónomos y las pymes, con el fin de afrontar los efectos económicos negativos que han experimentado en diversas áreas, abarcando desde las actividades agrícolas hasta la ganadería, los establecimientos comerciales, las infraestructuras hoteleras y los campamentos, entre otras actividades.