Castellón se encuentra entre los ocho municipios españoles que están revirtiendo o reconsiderando las acciones tomadas hasta el momento.
El Defensor del Pueblo ha iniciado procedimientos de oficio con 33 ciudades, incluyendo València, Castelló, Alicante, Orihuela y Elche, debido al retraso en la implementación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), requeridas por la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética.
La institución liderada por Ángel Gabilondo ha destacado que el artículo 14 de la mencionada normativa establece medidas y plazos específicos para que las administraciones públicas impulsen la mejora de la calidad del aire mediante la reducción de emisiones a la atmósfera. En este sentido,
Los municipios con más de 50.000 habitantes debían haber implementado ZBE antes del 1 de enero de 2023.
En relación con las acciones de oficio emprendidas por el Defensor del Pueblo, se han establecido dos criterios. Por un lado, se investigarán los municipios con más de 50.000 habitantes cuyos ayuntamientos aún no han iniciado los trámites para declarar las ZBE, como es el caso de Aranjuez, basándose en la cantidad de personas afectadas por la contaminación y el nivel de retraso en la tramitación. Por otro lado, se centrarán en los municipios con más de 300.000 habitantes que aún no las han aprobado a pesar de estar en proceso.
El Defensor del Pueblo ha señalado que el segundo caso se refiere a municipios en los que «se han revertido o van a revertirse los pasos dados para la adopción de las ZBE», información que la institución ha obtenido a través de los medios de comunicación, basándose en declaraciones de órganos representativos del municipio, autoridades ambientales, representantes políticos u otras fuentes similares.
En total, 18 municipios no han iniciado aún la tramitación de la ZBE, incluyendo,
Aranjuez, Arganda de Rey, Coslada, Tres Cantos y Valdemoro en la Comunidad de Madrid; Arona, Granadilla de Abona y San Cristóbal de la Laguna en Tenerife; Puerto de Santa María y San Lúcar de Barrameda en Cádiz; Baracaldo (Vizcaya), Calviá (Mallorca), Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Ferrol (A Coruña), Mijas (Málaga), Motril (Granada), Orihuela (Alicante) y Telde (Gran Canaria).
Por otro lado, algunos municipios han iniciado la tramitación de la ZBE pero presentan retrasos en su implementación, como,
Ayuntamiento de Málaga, Murcia, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Alicante y Córdoba.
Finalmente, ocho municipios están revirtiendo o reconsiderando las acciones tomadas hasta el momento:
Badalona (Barcelona), València, Gijón, Valladolid, Castelló de la Plana (Castellón), Lorca (Murcia), Elche (Alicante) y Majadahonda (Madrid).
El Ayuntamiento de Majadahonda ha desmentido categóricamente la información que indica que estarían revirtiendo las acciones tomadas para la adopción de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Han subrayado que están trabajando en la implantación de estas zonas y que existe un proyecto de movilidad sostenible en desarrollo. Además, el municipio ha trasladado su compromiso en la creación de la ZBE mediante un escrito enviado al Defensor del Pueblo el 6 de noviembre. También han aprobado subvenciones para proyectos complementarios a la creación de la Zona de Bajas Emisiones.
