Susana Camarero solicita que se declare la emergencia migratoria y critica la falta de colaboración con la Unión Europea para ofrecer una respuesta conjunta más efectiva.
El Gobierno valenciano «no puede comprometerse a acoger a menores migrantes que hayan llegado a otras regiones de España, ya que debe atender a los que arriban a esta comunidad autónoma, ya sea por sus costas o por otros medios». Actualmente, hay 475 menores bajo su cuidado, lo que representa un 160 % más de lo que los recursos disponibles pueden manejar.
La vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, así lo ha explicado este viernes, destacando que, aunque el Ejecutivo de Carlos Mazón muestra solidaridad con las comunidades autónomas que están enfrentando mayores dificultades, también tiene responsabilidades hacia los menores que llegan a la Comunitat Valenciana. Camarero destacó que durante el verano han llegado 17 menores migrantes a la región y que no se puede prever cuántos más podrían llegar en los próximos meses.
No puedo comprometerme a recibir más menores si no tengo disponibilidad de plazas, ni tampoco puedo aceptar hacinamiento en los centros.
Ha declarado Susana Camarero. Además, ha subrayado que el Gobierno de España no puede trasladar su problema a las comunidades autónomas.
En su opinión, es el Gobierno central quien debe enfrentar la crisis migratoria. «Si el Gobierno desea que las comunidades autónomas colaboren, debe sentarse en la Conferencia Sectorial para discutir cómo, cuándo y de qué manera», ha manifestado Camarero.
La vicepresidenta ha indicado que, «antes de la Conferencia Sectorial de julio, el Consell pidió a los ayuntamientos, especialmente a aquellos gobernados por el PSPV que suelen exigir solidaridad y humanidad a las comunidades del PP, que ofrecieran centros para atender a más menores. Sin embargo, ninguno de ellos ha puesto recursos a disposición».
Camarero ha resaltado que la Comunitat Valenciana está demostrando solidaridad, responsabilidad y humanidad hacia estos menores no acompañados, quienes llegan por tres vías: en pateras, a través de los cupos de mayores distribuidos por el Gobierno (donde este año se han «colado» 80 menores, según ha denunciado), y directamente a los centros procedentes de otras autonomías.
La titular de Servicios Sociales, Susana Camarero, ha advertido que el Gobierno no debe permitir que se incluyan menores en los cupos de mayores y ha sugerido que se realicen pruebas de edad en el origen para evitar que los menores viajen y sufran situaciones que luego los obliguen a entrar en el sistema de protección de las comunidades autónomas.
Camarero ha señalado que la Generalitat está realizando «contratos de emergencia para proporcionar solución y atención» a estos jóvenes con financiación propia, sin recibir apoyo económico del Gobierno central. Según ella, el Gobierno en este momento carece de una política migratoria efectiva.
Llevamos nueve meses pidiendo la reunión de la Conferencia de Presidentes al Gobierno de España, ya que es una cuestión de política de Estado que debe abordarse a nivel más alto entre el Gobierno y los presidentes de las comunidades autónomas.
Ha afirmado, y ha solicitado que se declare la emergencia migratoria.
La vicepresidenta ha responsabilizado al Gobierno de la situación de los migrantes, muchos de los cuales pierden la vida en el mar, por no tomar medidas en origen para evitar que salgan de sus países y pongan en riesgo sus vidas. También ha criticado la falta de colaboración con la Unión Europea para ofrecer una respuesta conjunta más efectiva.
Camarero ha recibido con satisfacción que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras «quince días de vacaciones en Canarias», finalmente se haya reunido con el presidente canario, Fernando Clavijo. Espera que la respuesta del Gobierno a la crisis migratoria sea «adecuada» y no se limite a «parches» o «repartos entre las comunidades». Concluye.
