VÍDEO- La UNIÓ exigirá la dimisión de la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls.
Más de 200 personas a pie y 100 tractores de la Unió Llauradora bloquearon hoy los accesos a PortCastelló durante cuatro horas para expresar su preocupación por la difícil situación que atraviesan los agricultores y ganaderos de la Comunitat Valenciana. La protesta se centra en.
Las malas cosechas, los elevados costos de producción, la competencia desleal de importaciones de terceros países y la falta de eficacia de las medidas implementadas, así como el acoso al que se enfrenta el sector.
Ante la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado, que impidieron el acceso de 100 tractores provenientes de diferentes puntos de la Plana Alta, la UNIÓ exigirá la dimisión de la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls.
La actuación de las fuerzas de seguridad incluyó el «desalojo agresivo de los concentrados que estaban sentados«, a pesar de contar con el permiso solicitado el 15 de enero y autorizado para la protesta. Esto ocurrió incluso antes de la hora programada de finalización, que era a las 14 horas. Explican desde la organización agraria.
El secretario general de LA UNIÓ, Carles Peris, la actitud «lamentable y desmesurada» de la policía, quienes, siguiendo órdenes de sus superiores, impidieron el acceso de los tractores a la protesta, a pesar de los numerosos kilómetros recorridos para llegar allí. Además, critica la necesidad de desalojar de manera inapropiada a los participantes en la protesta. En una situación extraordinaria en la que el sector se encuentra asfixiado, Peris considera muy lamentable esta actitud y exige la dimisión de la subdelegada, ya que «lo ocurrido hoy no es tolerable», según denuncia Peris.
La organización tiene planeadas cuatro protestas más a lo largo de febrero. Tras esta manifestación en la capital de la Plana, comenzará un calendario unitario de protestas en la Comunitat Valenciana, en colaboración con todas las organizaciones agrarias y cooperativas. Estas protestas se llevarán a cabo en el puerto de Castellón el 15 de febrero, en la localidad de San Isidro (Alicante) el 16 de febrero, y en el puerto de Valencia el próximo 22 de febrero.
En medio de estas acciones de protesta conjunta, se llevará a cabo un destacado evento con una gran tractorada en Madrid el 21 de febrero, liderada por todas las organizaciones territoriales de la Unión de Uniones y que concluirá frente al Ministerio de Agricultura (MAPA) bajo el lema «Nos sobran los motivos». Los tractores llegarán a Madrid desde todas las comunidades autónomas, incluida la nuestra.
La organización considera que existen motivos de peso para convocar a movilizaciones en el sector, de ahí la extensión y complejidad de este calendario.
La competencia desleal de las importaciones que no cumplen las normas impuestas a nosotros, los olivicultores y viticultores valencianos excluidos de las ayudas gubernamentales, los cerealistas afectados por una mala cosecha y bajos precios, así como otros muchos sectores afectados. El Gobierno firma un acuerdo internacional para retirar las ayudas al gasóleo agrícola, los ganaderos continúan sacrificando animales debido a planes de sanidad irracionales y sufren por la falta de pastos. Además, la aprobación constante de nuevas exigencias ambientales impone más costos y burocracia.
Son algunos de los «asuntos sin respuesta«, según la organización.
LA UNIÓ también destaca que «los puertos de la Comunitat Valenciana ofrecen bonificaciones para la entrada de productos agrarios importados, el Gobierno incumple leyes y sentencias judiciales, como la del contrato de doble tarifa para el regadío cuando hay un aumento de costos por la sequía y se riega de manera más cara. No se abordan los daños a los cultivos causados por la fauna salvaje, los seguros agrarios son cada vez más costosos y ofrecen menos protección. Hay más que suficientes razones para salir a la calle nuevamente y, además, durante varios días», opina la organización agraria.
La Subdelegación del Gobierno ha informado que la Policía desalojó a un grupo de personas que se encontraban sentadas en la CS-22, que «impedían el acceso al Puerto«. «El desalojo se llevó a cabo «sin incidentes», y se procedió a la identificación de 11 personas con el fin de proponer sanciones». Concluye.
