La prensa local más amable y el sindicalismo conservador han optado por denunciar el caos generado por el gobierno del Partido Popular.
No queda más remedio que reconocer que al President de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, los trucos se le dan mucho peor que a su casi tocayo Puigdemont. Al menos, en materia sanitaria, campo en el que el molt honorable muestra una manifiesta incapacidad para ser eficaz en el arte del birlibirloque.
Si el catalán hace chas y aparece a nuestro lado, aunque no sea posible atraparlo, el valenciano está pillado y bien pillado por todas las mentiras que dijo cuando estaba en la oposición. En infinidad de ocasiones prometió que arreglaría los problemas del sistema pero la cruda realidad pone de manifiesto que un año después la atención sanitaria valenciana se ha convertido en un auténtico caos.
El problema, cuya gravedad ya denuncié la semana pasada en este mismo espacio, ha alcanzado tal magnitud, que hasta la prensa más amable se vio el pasado viernes en la obligación de saltar a la palestra con un aparatoso titular en portada a cinco columnas alertando del colapso existente en la provincia de Castellón, territorio en el que los pacientes llegan a esperar hasta veinte días para conseguir una cita médica.
A pesar del desastre sanitario, no alzan la voz ni la presidenta de la Diputación, ni las alcaldesas, ni los alcaldes de los municipios afectados.
La falta de personal está en el origen de este desaguisado que también acarrea demoras de tres horas y media para los pacientes atendidos en el Hospital General. Nos encontramos ante una concatenación de despropósitos que desemboca en la saturación del servicio de urgencias.
Tamaña desorganización ha llevado incluso al conservador sindicato Csif a poner el grito en el cielo por una falta de facultativos que ha degenerado en el colapso de las urgencias hospitalarias y de los centros de salud de importantísimos municipios turísticos como Benicàssim, Oropesa, Alcossebre, Peñíscola o Nules.
Una beligerancia sindical que no secundan ni la primera edila de Castelló, Begoña Carrasco, ni la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ni las alcaldesas y los alcaldes de las poblaciones referidas. Al parecer, conceden más importancia a la reputación de Carlos Mazón que al bienestar de las personas que residen en sus municipios y de los turistas que contribuyen a generar riqueza.
Ni siquiera abre la boca la oropesina Areceli De Moya, de Ciudadanos, quien seguramente recitará para sus adentros aquello de “ande yo caliente con mis 4.200 euros mensuales, y ríase la gente”.
El electorado valenciano olvidó muy rápidamente los recortes del PP, que surgen del despilfarro y de las bajadas de impuestos a las rentas más elevadas.
Caliente de verdad está la ciudadanía, que es la que sufre las consecuencias del explosivo y retrógrado cóctel conservador que se origina al mezclar mentiras, incapacidad para la gestión y recortes.
Retallades, esas viejas conocidas que el electorado valenciano olvidó con demasiada rapidez y que suelen ser el colofón en tiempos de despilfarro y de bajadas de impuestos, fundamentalmente, a los ricos.
Rafa García. Periodista
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