El sector agrario prende fuego a la paja y arroja al suelo diversos productos agrarios en Valencia por "un cambio radical de las políticas agrarias".
Más de 300 tractores provenientes del norte y sur de Valencia se congregaron hoy en el Edificio del Reloj del Puerto de Valencia, acompañados por 3.000 personas, para exigir a todas las administraciones «un cambio radical en las políticas agrarias y ambientales de la Unión Europea que están afectando negativamente a la rentabilidad de los productores y poniendo en riesgo la soberanía alimentaria europea».
Esta fue la tercera protesta conjunta del sector agrario valenciano en tan solo una semana, después de las movilizaciones en Castellón y Alicante. La manifestación generó importantes retenciones de tráfico en diversas entradas de la capital del Turia, tanto a la entrada como a la salida de los vehículos agrarios. Convocada por todas las organizaciones agrarias de la Comunidad Valenciana, incluyendo la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), ASAJA Alicante, LA UNIÓ Llauradora i Ramadera, la Coordinadora Campesina del País Valenciano (CCPV-COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-PV), y con el respaldo de las Cooperativas Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, la protesta también contó con la participación de ASAJA Castilla-La Mancha y ASAJA Castilla y León.
Tras los discursos, las organizaciones prendieron fuego a la paja, generando una cortina de humo, y arrojaron al suelo diversos productos agrarios que atraviesan una crisis insostenible de rentabilidad, como naranjas, mandarinas, vino, almendras, cereales, entre otros.
Los carteles exhibían mensajes dirigidos a políticos y consumidores, tales como «Europa, ¿quieres agricultores o no?», «Sin agricultores comeremos piedras» o «Cuidamos el bosque verde que no se quema». Al finalizar la protesta, algunos manifestantes se dirigieron hacia el puerto con la intención de bloquear su acceso, pero la policía les impidió el paso, ocasionando empujones e incluso la detención de un agricultor.
Las organizaciones convocantes exigieron la renuncia de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, tanto por las dificultades y cambios de última hora en los itinerarios impuestos a los tractores para llegar a la ciudad como por el uso desproporcionado de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad en el puerto.
La protesta en Valencia, que coincidió con otra del sector agrario en el puerto de Algeciras, reiteró la petición de que la Administración «reoriente sus políticas, dando prioridad a la agricultura europea sobre las normativas ambientales y basándose siempre en criterios científicos». Asimismo, instó a que se establezca reciprocidad en todos los acuerdos comerciales con terceros países, se refuercen los controles fitosanitarios en los puertos de entrada, especialmente en el puerto de Rotterdam, para prevenir la entrada de plagas y enfermedades, se detenga la prohibición de fitosanitarios sin alternativas eficaces y se agilice la investigación de métodos no químicos.
Además, se pidió la reducción de la burocracia, en especial para las pequeñas explotaciones, la flexibilización del cuaderno digital de explotación, y el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, con la prohibición expresa de la venta a pérdidas y su debida supervisión.
Ante los desafíos del cambio climático y el actual ciclo de sequía, las organizaciones agrarias solicitaron,
Cambios estructurales en los seguros agrarios como herramienta básica de renta y una nueva política hidrológica que contemple la construcción de infraestructuras para almacenar y distribuir agua, así como un redimensionamiento de los caudales ecológicos.
Asimismo, se instó a tomar medidas sectoriales, como proporcionar «ayudas directas a los sectores del vino y olivar para paliar las pérdidas económicas derivadas de la sequía y la guerra en Ucrania, ampliar las ayudas directas a los productores de almendra, cereales y ganadería, cerrar un acuerdo para una cláusula de salvaguarda automática del arroz y establecer un contingente a los países terceros mediterráneos para evitar que la totalidad de sus exportaciones citrícolas vengan a la UE debido al problema bélico en el Mar Rojo».
ASAJA CLM también expresó su descontento, entre otras cuestiones, por «los precios ruinosos y totalmente injustos de los cereales y demás productos que entran por los puertos y que ocasionan grandes perjuicios a los productores españoles. Es inaceptable que los agricultores no puedan vender su cereal cuando los puertos están llenos de productos que llegan en condiciones inferiores. Los aranceles han sido eliminados y los productores españoles están hartos de pagar las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania, principales graneros del mundo. De mantenerse esta situación, los cultivos de secano están abocados a la desaparición». Concluye.
