España se abstiene en la votación sobre la imposición de tarifas a los vehículos eléctricos procedentes de China.
Los países europeos han expresado este viernes su apoyo a la implementación de tarifas arancelarias a los automóviles eléctricos procedentes de China durante los próximos cinco años. En julio, la Comisión Europea decidió establecer un gravamen adicional de hasta el 38,1%, además del 10% habitual, argumentando que China está inundando el mercado europeo con coches eléctricos y generando competencia desleal.
Para que estas tarifas adicionales se convirtieran en permanentes, era necesaria la aprobación de los países europeos. Aunque no se logró reunir a 15 naciones en contra de esta medida, las discrepancias entre las capitales son evidentes. Francia ha adoptado una postura firme contra China, mientras que Alemania optó por votar en contra, dado que el gigante asiático representa aproximadamente el 30% de las ventas de los fabricantes alemanes, y cualquier represalia de China podría perjudicar gravemente su industria automotriz.
A pesar de que España inicialmente apoyó estas tarifas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a China, instó a evitar una guerra comercial, lo que fue interpretado como un cambio en la posición española.
El sector porcino español podría enfrentar pérdidas anuales de 500 millones de euros si China decide aumentar sus tarifas arancelarias como respuesta a la decisión de la Comisión Europea. Actualmente, España es el principal socio europeo exportador de carne de cerdo a China, concentrando el 80% de estas exportaciones en Cataluña y Aragón. Este sector cárnico sostiene aproximadamente 115,000 empleos en España.
En 2023, China fue el cuarto socio comercial de España y el segundo proveedor de bienes. Además del sector cárnico, las empresas españolas más presentes en el gigante asiático son las de energía, servicios financieros, consultoría, textil, automoción, electrónica, turismo, servicios legales y telecomunicaciones.
España se ha abstenido en la votación sobre la imposición de tarifas a los vehículos eléctricos chinos, donde no se logró la mayoría cualificada necesaria (quince estados miembros que representen el 65% de la población europea) para rechazar la medida. Ahora, la decisión recae en Bruselas, que defiende firmemente el aumento de los recargos.
División de opiniones en la UE
La división en la UE respecto a los aranceles sobre los coches eléctricos procedentes de China es evidente, y los países han dejado la responsabilidad en la Comisión Europea, la entidad competente en temas comerciales, para que tome una decisión final. Este viernes, los gobiernos de los 27 países votaron sobre la propuesta de Bruselas de imponer tarifas extraordinarias a los vehículos fabricados en China, argumentando que los masivos subsidios a la industria china están colapsando el mercado europeo mediante prácticas desleales.
Diez países se mostraron a favor del aumento de aranceles, cinco se opusieron, y la mayoría, es decir, doce, se abstuvieron.
Para rechazar los aranceles, se requería una mayoría cualificada en la UE (al menos quince estados miembros que representen el 65% de la población), y no se obtuvo ni una mayoría simple en contra. Por lo tanto, la decisión final queda en manos de la Comisión Europea, que siempre ha abogado por los aranceles como medida para proteger el mercado de la UE.
La propuesta de la Comisión Europea para imponer derechos compensatorios definitivos a las importaciones de vehículos eléctricos provenientes de China ha conseguido el respaldo necesario de los estados miembros de la UE para implementar los aranceles. Esto representa un avance en la conclusión de la investigación sobre subsidios por parte de la Comisión, según un comunicado del gobierno comunitario.
España se abstiene
España se ha abstenido en la votación, siguiendo la línea que había indicado Pedro Sánchez durante su reciente visita a China, donde hizo un giro en su postura al solicitar a la Comisión Europea que reconsiderara los aranceles. Esta posición, que el Gobierno ha argumentado como un intento de evitar una “guerra comercial”, fue defendida por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una carta enviada al vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, en la que instaba a buscar la negociación con Pekín.
El gobierno comunitario ha afirmado constantemente que está dispuesto a negociar con el gobierno chino, y que la decisión sobre los aranceles podría revertirse en cualquier momento si se llega a un acuerdo. Al acelerar la votación (que tenía como plazo hasta el 30 de octubre), Bruselas busca presionar a China, que hasta ahora no ha presentado ofertas viables para la parte europea. En un comunicado del viernes, se reiteró,
La UE y China continúan trabajando arduamente para explorar una solución alternativa que sea plenamente compatible con la Organización Mundial del Comercio (OMC), que aborde adecuadamente la subvención perjudicial identificada en la investigación de la Comisión, y que sea supervisable y aplicable.
Las declaraciones de Sánchez fueron recibidas con sorpresa en Bruselas, donde se consideró que la posición pública de uno de los gobiernos más influyentes de la UE, sumada al rechazo expresado por el canciller alemán Olaf Scholz, debilitaba la posición negociadora de la Unión. De hecho, se acusó a Sánchez de pronunciarse de esta manera por los intereses económicos de España en el gigante asiático, especialmente en un momento en que varias fábricas están en juego.
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