LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders ha comunicado hoy, con motivo del 8M, que "únicamente hay diecisiete mujeres anotadas en el registro de explotaciones de titularidad compartida en la Comunidad Valenciana, según los datos disponibles a fecha de hoy".
La gran mayoría, un total de 13, son de la provincia de Castellón, 2 de la de Valencia y 2 de la de Alicante. Los datos contrastan con los de otras comunidades autónomas como Castilla y León, donde hay registradas 404 mujeres o bien Castilla La Mácula que cuenta con 232.
LA organización agraria remarca que las mujeres» representan más de un tercio de las personas que trabajan en las explotaciones agrarias familiares, pero, en la mayor parte de los casos, tan solo los hombres figuran como titulares de las explotaciones mientras que ellas aparecen como cónyuges en la categoría de ayuda familiar”.
Para tratar de revertir esta situación, LA UNIÓ plantea «que se mejore el tratamiento fiscal de los gastos de las explotaciones inscritas en el registro de titularidad compartida, así como una reducción permanente del tipo de cotización a la Seguridad Social para aquellas personas que tengan la condición de Titularidad Compartida más allá de los cinco años que se marcan en la actualidad».
Del mismo modo, LA UNIÓ insta a que las ayudas a las inversiones en las explotaciones agrarias puedan aumentarse en un porcentaje auxiliar del diez por cien para las explotaciones en Titularidad Compartida y que se establezca un importe de ayuda adicional igualmente en la ayuda de primera instalación para las explotaciones en Titularidad Compartida.
Pese a que la enorme mayoría de las mujeres labradoras y ganaderas comparten las tareas agrícolas de las explotaciones familiares con sus parejas, estas actividades son vistas como una extensión de sus labores domésticas y de cuidados.
Con objeto de paliar esta situación de desigualdad y también invisibilización del trabajo de las mujeres rurales en el sector agrario y las consecuencias negativas que de ella se derivan, en 2012 entró en vigor la Ley 35/2011 sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias. Transcurridos ya diez años desde su puesta en funcionamiento, «es hora de introducir mejoras» a juicio de LA UNIÓ para que haya más mujeres anotadas.
LA UNIÓ plantea asimismo que se establezcan incentivos fiscales ambiciosos (fiscalidad distinguida) en los territorios de la Comunidad Valenciana en riesgo de despoblación, con objeto de inducir a particulares y empresas a continuar en el territorio o bien a radicar ‘ex novo’ su domicilio en los núcleos rurales más desfavorecidos.
Estos incentivos deberían alcanzar al ámbito municipal (IAE e IBI), autonómico (ITP y AJ, IS y D y tramo autonómico del IRPF) y estatal (Impuesto de Sociedades y tramo estatal IRPF).
Los incentivos fiscales aplicados por los municipios en los impuestos que administran se deberían compensar, según LA UNIÓ, por la parte de la Administración Autonómica y Estatal.
