En la Comunitat Valenciana, existen entre 10.000 y 13.000 mujeres en situación de prostitución y más de 164 clubes.
Los cuatro grupos parlamentarios representados en Les Corts han respaldado la continuación de la tramitación de dos propuestas presentadas por el PSPV que buscan la abolición de la prostitución.
Estas propuestas buscan modificar las leyes autonómicas de carreteras y espectáculos con el objetivo de sancionar al putero.
La diputada del PSPV, Gabriela Bravo, ha defendido estas propuestas en el pleno de este miércoles, destacando que van más allá de «sanciones y multas», centrándose en cuestiones de «derechos». En sus palabras,
Lo que nos jugamos es la defensa de la dignidad y los derechos de las mujeres.
Bravo comenzó su intervención expresando su agradecimiento al Front Abolicionista por su activa participación y por dar «voz a las víctimas». Reconoció su «compromiso, valentía y lucha incansable para lograr una sociedad libre de prostitución«.
La exconsellera de Justicia e Interior enfatizó que las mujeres siguen siendo «explotadas sexualmente para satisfacer los deseos sexuales de los hombres» y subrayó la necesidad de no banalizar el sufrimiento de las mujeres en esta situación.
Además, destacó datos alarmantes en la Comunitat Valenciana, con entre 10,000 y 13,000 mujeres en situación de prostitución y más de 164 clubes.
La propuesta del PSPV busca abordar estas problemáticas desde un enfoque integral y centrado en los derechos de las mujeres involucradas en la prostitución.
La diputada ha criticado la existencia del «corredor mediterráneo de la prostitución» y de «52.000 anuncios en Internet que nos recuerdan que la mercancía femenina está en venta». Además, ha subrayado,
El 95% de las mujeres abandonarían la prostitución si tuvieran otro tipo de vida.
Según ha expuesto, estas proposiciones de ley permitirán avanzar para «eliminar la principal causa de la existencia de la prostitución que es la demanda, aumentar el control de los establecimientos que se dedican a la explotación sexual sancionando al proxeneta y garantizar la atención de todas las mujeres con un plan integral que contemple todos los recursos necesarios para poder recuperarse física y psicológicamente y construir un proyecto de vida digno«.
Detrás del negocio de la prostitución no hay trabajadoras de sexo liberadas, sino sociedades donde el hombre y la mujer no tienen el mismo valor.
Ha insistido, y ha remarcado que «no podemos hablar de prostitución sin referirnos a la trata porque ambas son las dos caras de una misma moneda».
En esta línea, Bravo ha subrayado que «cuanto mayor sea la industria del sexo pagado, mayor será el número de víctimas de trata«, que «la prostitución es una forma extrema de violencia contra las mujeres que supone una mercantilización y cosificación del cuerpo femenino» y que «las mujeres prostituidas son también víctimas de violencia de género«.
Tenemos la oportunidad de iniciar el camino para cambiar leyes y mentalidades para que la sociedad reaccione frente a esa forma brutal de esclavitud del siglo XXI.
Ha reivindicado.
Desde el PP, Verónica Marcos ha expuesto que, aunque apoyarán las iniciativas de Bravo, a su juicio no son la solución sino «una tirita legislativa».
«No se acaba con la esclavitud del siglo XXI con la reforma de dos leyes», ha aseverado, y en su lugar ha abogado por un debate «sereno» con la participación de expertos, asociaciones de víctimas y fuerzas y cuerpos de seguridad.
Por parte de Compromís, Verònica Ruiz ha avanzado que apoyarán las propuestas del PSPV porque tienen «muchas ideas que aportar y mucho trabajo realizado».
Ahora bien, ha defendido que acabar con la explotación sexual requiere de políticas integrales y coordinadas entre administraciones que vayan a la raíz de las causas de la prostitución: «Solo así podremos erradicar esta forma extrema de violencia de género».
Por su parte, el diputado de Vox, José Mª Llanos ha confirmado que su grupo apoyará las propuestas porque, ha dicho, no son «como los socialistas».
En el debate ha habido acusaciones cruzadas entre PP y PSPV por «no haber hecho nada» durante sus respectivos gobiernos. Bravo ha reprochado a los ‘populares’ no haber legislado al respecto durante 20 años, mientras la diputada del PP le ha afeado presentar «a última hora» en la anterior legislatura esta propuesta para «coronarse como la abolicionista de la Comunitat Valenciana«.
Además, los grupos han expresado unanimidad respecto a la creación de una comisión de políticas de discapacidad en Les Corts, propuesta presentada por la diputada del PP Elena Bastidas y respaldada por PSPV, Compromís y Vox.
