Las entidades agrarias no descartan prolongar este calendario de acciones reivindicativas, que también se están produciendo en otras comunidades autónomas.
Las organizaciones profesionales agrarias de la Comunitat Valenciana, entre las que se encuentran la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), ASAJA Alicante, LA UNIÓ Llauradora i Ramadera, la Coordinadora Campesina del País Valenciano (CCPV-COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-PV), respaldadas por las Cooperativas Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, han anunciado un plan conjunto de acción para denunciar la crítica situación que atraviesa el sector agrario y exigir medidas a todas las administraciones.
Esta coalición ha establecido una primera fase de movilizaciones que se llevarán a cabo en la provincia de Alicante el 12 de febrero, en el puerto de Castellón el 15 de febrero y en el puerto de Valencia el 22 de febrero. Dependiendo de las respuestas de las distintas administraciones, no descartan extender este calendario de acciones reivindicativas, que también se está replicando en otras comunidades autónomas de España, así como en diferentes países europeos, incluso en Bruselas o Estrasburgo próximamente.
Simultáneamente, el sector ha solicitado reuniones con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y los subdelegados del Gobierno de la Comunitat Valenciana, por un lado, y con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y los consellers de Agricultura, José Luis Aguirre, y de Medio Ambiente, Salomé Pradas, por otro.
Las organizaciones agrarias y cooperativas valencianas advierten que la crisis de rentabilidad de los agricultores y ganaderos está acelerando el abandono de campos, lo que provoca el despoblamiento del medio rural y el encarecimiento de los alimentos para los consumidores. Entre las principales demandas del sector agrario se encuentran la reorientación de las políticas europeas para priorizar la agricultura europea y flexibilizar el Pacto Verde Europeo, la reciprocidad en los nuevos acuerdos comerciales de la UE con terceros países, así como la revisión y estudio de impacto de los acuerdos vigentes.
Además, se destacan peticiones como la reducción de la burocracia derivada de las políticas agrarias, especialmente para las pequeñas explotaciones; la flexibilización del cuaderno digital de explotación; un mayor control fitosanitario de las producciones procedentes de países terceros; medidas de apoyo a la adaptación de los cultivos al cambio climático; la evitación de la reducción de sustancias activas fitosanitarias sin alternativas eficaces probadas; el cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria con la prohibición expresa de la venta a pérdidas; un plan de choque para aliviar la escalada de los costes de producción; políticas y planificación hidrológica; soluciones para el problema de la falta de ayudas para paliar la sequía; y la solicitud al Ministerio y a ENESA de cambios estructurales en los seguros agrarios como herramienta básica de renta, entre otras.
