La institución provincial expresa su oposición a que el coste total de la nueva tasa de basura "impuesta por el Gobierno" recaiga sobre la ciudadanía y solicitará una moratoria.
La Diputación de Castellón ha expresado su rechazo a que el total de la nueva tasa de basura «impuesta por el Gobierno» afecte directamente a la ciudadanía y solicitará una moratoria sobre su aplicación.
Este rechazo se formaliza mediante una moción que se presentará para debate en el pleno ordinario del mes de octubre, programado para el próximo martes 22. El documento cuestiona la nueva tasa estatal destinada a financiar el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, que «obligará a los municipios a trasladar el 100% del costo a los vecinos».
A partir de abril de 2025, todos los ayuntamientos estarán obligados a implementar esta tasa, incluso aquellos que actualmente no lo hacen.
A través de esta moción, la institución provincial exigirá al Gobierno de España que considere métodos más flexibles para la transición y proporcione apoyo financiero a los ayuntamientos, de manera que los ciudadanos no asuman la carga completa de la tasa.
La presidenta, Marta Barrachina, ha afirmado que «la Diputación defiende los intereses de los ciudadanos y este nuevo tributo generará un impacto directo en los vecinos, provocando aumentos desproporcionados en las tarifas».
Barrachina ha señalado,
Son numerosos los ayuntamientos que ya han manifestado su oposición a esta tasa, la cual incrementa la presión fiscal sobre los ciudadanos, pudiendo incluso cuadruplicar los recibos actuales.
La Unión Europea aprobó en 2008 la Directiva 2008/98 CE, que fue modificada en 2018 por la Directiva 2018/851, conocida como la “Directiva Marco de Residuos”. Esta normativa estableció objetivos para la reducción, reutilización y reciclaje de residuos municipales, así como recomendaciones, como incentivos económicos para disminuir la generación de residuos.
Sin embargo, el Gobierno español ha convertido estas directrices en una obligación, introduciendo un nuevo impuesto.
Insiste Barrachina.
Con la nueva ley, «esta tasa se transforma de voluntaria a obligatoria, lo que significa que los ayuntamientos ya no podrán financiar parte del servicio de recogida o del tratamiento de residuos con recursos generales del presupuesto municipal, como lo hacían anteriormente».
Según el portavoz del Gobierno Provincial, Héctor Folgado, «anteriormente, la ley de Haciendas Locales permitía que la tasa se cobrara en su totalidad, pero también se podía recaudar menos de lo que costaba el servicio. Ahora, los vecinos deberán pagar la totalidad del costo del servicio, además del impuesto por vertido, sin que los ayuntamientos puedan seguir congelando el impuesto».
Folgado ha añadido que «esta ley atenta contra la autonomía de la administración local, ya que obliga a aumentar la tasa incluso en ayuntamientos que están en buena situación financiera y pueden afrontar el déficit generado por este servicio».
En consecuencia, la Diputación Provincial de Castellón instará al Gobierno de España a aprobar una moratoria para la aplicación del artículo 11.3 de la Ley 7/2022 de 8 de abril sobre residuos y suelos contaminados, hasta que se establezcan criterios claros que guíen a los ayuntamientos en la implementación de la tasa. Además, se solicitará al Gobierno central que considere métodos de transición más flexibles y brinde asistencia financiera a los municipios, para evitar que los ciudadanos asuman el costo total de la tasa.
Finalmente, la Diputación de Castellón reiterará su oposición a que el 100% del costo de la recogida de residuos se transfiera a la ciudadanía e instará al Gobierno de España a tener en cuenta las demandas de las administraciones locales que también se oponen a esta medida.
