El concejal de Transición Ecológica plantea un conjunto de medidas que impulsen una rehabilitación urbana integral, la recuperación del territorio o una mejora de la actividad agraria
El concejal de Transición Ecológica del Ayuntamiento de Castellón, Fernando Navarro, ha presentado este miércoles el «Pla Castelló en Verd», una propuesta que contempla una veintena de inversiones públicas e iniciativas orientadas a reactivar la economía municipal tras la emergencia del coronavirus, promoviendo nuevos nichos vinculados a la transición ecológica y a la lucha contra el cambio climático. El «Pla Castelló en Verd» comprende medidas que promuevan la rehabilitación urbana integral, la eficiencia energética, la protección del territorio, sistemas de drenajes sostenibles o nuevos modelos de producción agrícola que apuesten por la soberanía alimentaria, la proximidad y la ecología.
Navarro ha explicado el «Pla Castelló en Verd» en una rueda de prensa telemática y ha destacado que las políticas en transición ecológica se presentan ante la emergencia sanitaria como una oportunidad para ayudar a la recuperación del tejido económico. Ha subrayado que el Plan Nacional de Energía y Clima del Gobierno prevé una inversión en 10 años de 5.500 millones que tendría un impacto de 22.000 millones, mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, apuesta por políticas que reduzcan las emisiones del C02 a través del European Green New Deal. “La crisis sanitaria no ha aparcado la lucha contra el cambio climático, todo lo contrario, si somos capaces de empujar estímulos económicos, mecanismos de crédito y ecosistemas favorables la transición ecológica puede ser un elemento de reactivación económica importante”, ha apuntado.
El concejal de Transición Ecológica ha indicado que el «Pla Castelló en Verd» readapta el presupuesto de su departamento para hacer frente a la crisis de la covid-19 e incluye tres ejes: inversiones directas en el denominado Pla V, Transición Urbana y Políticas de Reactivación Agraria.
El Plan V plantea gastar 700.000 euros en inversiones de recuperación ambiental, con contratos menores que eviten grandes licitaciones a fin de ejecutarse lo más rápido posible y alcancen al mayor número posible de pymes y autónomos. Programa 300.000 euros para recuperar paisajes de la Marjalería con las Rutas del Agua; 200.000 euros en sistemas de drenaje sostenibles para minimizar los riesgos de inundación; y 200.000 en transición energética para mejorar la eficiencia energética en las dependencias municipales.
En Transición Urbana, Navarro ha señalado que el 64 % de los edificios de la capital de la Plana (19.662) fueron construidos antes de 1979 y carecen de accesibilidad y eficiencia energética y, en esta dirección, ha resaltado que esta propuesta plantea cambios en normativas y medidas que impliquen a los sectores privados y favorezcan una regeneración integral del parque inmobiliario. Comprende una nueva Ordenanza de Rehabilitación Urbana sostenible que unifique criterios; una Ordenanza de Autoconsumo Energético que reglamente el Real de Decreto de 2019 que permita a las comunidades de vecinos gestionar su energía al margen de las grandes distribuidoras: una bonificación del IBI del 90 % a los edificios que ejecuten una rehabilitación sostenible completa durante 10 años o hasta que se cubra el 100 % de la inversión.; un convenio con el Instituto Valenciano de Finanzas y entidades locales de crédito para que faciliten préstamos a comunidades de vecinos para la rehabilitación; y la creación de una Oficina de Transición Urbana que simplifique los trámites administrativos.
El tercer paquete del «Plan Castelló Verd» incluye políticas de reactivación agraria que tiendan a garantizar la soberanía alimentaria, a reforzar los canales cortos de comercialización para mejorar la rentabilidad de los productores y avanzar hacia un modelo de consumo más justo y sostenible. Esta línea de actuación contempla una nueva Ordenanza de Banco de Tierras que dé seguridad en la cesión de parcelas abandonadas entre propietarios y productores; ayudas a la incorporación agraria de nuevos productores que quieran arrendar fincas (con un presupuesto de 50.000 euros); cheques trabajo a las empresas agrarias por contrataciones nuevas; una Ordenanza de Canales Cortos de Comercialización; mejora del servicio de Guardería Rural para garantizar la seguridad en los huertos; creación de un obrador compartido para distribución y transformación de producción, apertura de una oficina de gestión del Parc Agrari y firma de un convenio con el Sindicato de Riegos para la instalación de placas solares.
