La Zona de Bajas Emisiones implicará el cierre del tráfico de vehículos a motor en todo el centro de Castellón, en un área de 745.000 metros cuadrados.
En el próximo pleno municipal, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, propondrá a los grupos políticos solicitar una moratoria en la aplicación de la Ley de implantación de la Zona de Bajas Emisiones en Castellón, también conocida como «Castellón Central». El objetivo de esta moción es posponer los efectos negativos que podría tener el cierre al tráfico de 745.000 metros cuadrados y el control de acceso mediante cámaras con sanciones en la zona. Además, se propone abrir un proceso de participación ciudadana para decidir, de manera conjunta, la zona restringida al tráfico rodado que debería incluirse.
Carrasco explica que otros municipios, como Vila-real, ya han solicitado una moratoria conscientes del daño que puede causar al comercio. El Partido Popular está a favor de una ciudad más sostenible, «pero no en los términos de imposición que sigue el gobierno municipal de Amparo Marco». Se afirma que la Ley se está aplicando de manera contraria a los intereses de los afectados y que no es el momento adecuado para su implantación. Insiste Carrasco.
Por tanto, se insta al Pleno al consenso para llevar a cabo la solicitud de la moratoria con el fin de suspender los efectos negativos en los comercios, negocios de hostelería, residentes y empresas de servicios, mientras se consensúa la superficie que debería acotarse. Además, se propone aprovechar las calles que ya son peatonales y limitadas al tráfico rodado para que computen como zonas de bajas emisiones y minimizar los problemas de movilidad. El doble objetivo es conseguir una ciudad más sostenible ajustada a las necesidades reales y aspiraciones del conjunto de castellonenses.
El equipo de gobierno está llevando a cabo los trámites y adjudicaciones de contratos relacionados con el proyecto de cierre al tráfico y peatonalización de los 745.000 metros cuadrados de la trama urbana de Castellón. Estos incluyen la adjudicación de los anteproyectos y la instalación de videocámaras y sistemas tecnológicos para vetar el acceso de vehículos en el área, un contrato valorado en más de 2 millones de euros.
Sin embargo, Carrasco lamenta que no se ha iniciado ningún proceso de participación ciudadana para que los habitantes de Castellón puedan dar su opinión sobre el proyecto. En el pleno del 26 de mayo de 2022, el Partido Popular presentó una iniciativa para instar al equipo de gobierno a llevar a cabo un plan de exposición pública y participación ciudadana real, pero esta fue desestimada alegando que ya estaba contemplada la participación ciudadana.
Es importante recordar que la Zona de Bajas Emisiones implicará el cierre de vehículos motorizados en el centro de Castellón, abarcando un área de 745.000 metros cuadrados. El objetivo es reducir las emisiones contaminantes en más de un 40% y el tráfico público y privado. Sin embargo, la ‘popular’ Begoña Carrasco destaca la necesidad de abrir foros de participación vecinal para que los habitantes de Castellón puedan opinar y decidir el futuro de su ciudad.
Según los análisis de movilidad del tráfico de vehículos en el anteproyecto 2, hay 62.099 vehículos que circulan por las calles afectadas los días de semana y 35.899 los fines de semana, lo que suma un total de 97.988 vehículos por semana. Las medidas restrictivas afectarán a la accesibilidad de 6.515 plazas de aparcamiento, incluyendo 2.568 plazas públicas de rotación y 3.947 plazas privadas de residentes. Los cálculos indican que se necesitan 4.320 plazas de aparcamiento en la calle y 8.680 plazas en edificios privados, lo que difiere significativamente de las cifras actuales.
Es importante tener en cuenta que la Zona de Bajas Emisiones implicará en la práctica el cierre del tráfico de vehículos a motor en todo el centro de Castellón, en un área de 745.000 metros cuadrados que abarca desde la calle Cerdán de Tallada (al norte) hasta las calles San Roque, Sanahuja, Gobernador, Guitarrista Tárrega y la avenida Casalduch (al este), y desde las calles Orfebres Santa Línea y Lepanto (al sur) hasta las rondas Mijares y Magdalena (al oeste). El objetivo es reducir las emisiones contaminantes en más de un 40% con respecto a los niveles actuales, tanto del tráfico público como privado.
