El concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón Juan Carlos Redondo denuncia la falta de apoyo institucional al sector turístico y de la hostelería con ayudas insuficientes, que no llegan a todas las pymes y autónomos golpeados por la pandemia.
“Desde Ashotur nos trasladan que los hosteleros lo que necesitan es trabajar y generar sus propios ingresos y que nunca más tengan que bajar la persiana. El coronavirus ha venido para quedarse, por eso, es necesario elaborar un marco regulador que contemple todos los escenarios posibles para saber cómo actuar en cada momento, en función de la propagación de contagios”, explica.
“Si Amparo Marco quiere ayudar a la hostelería, que empiece por bajar el IBI, somos la tercera ciudad española que más caro lo cobra a sus vecinos. Después de un año en pandemia, de lo que se trata es de gestionar mejor para frenar la sangría del paro que sólo en la capital supera las 16.000 personas desempleadas. Con las actuales restricciones se estima que el 50% de la hostelería sigue sin poder abrir, bien porque los locales no tienen terraza, bien porque las terrazas tienen un aforo tan reducido que les impiden ser rentables”, añade.
“La hostelería no soportaría otro cierre total, sería el fin de los negocios del sector que todavía, a duras penas, sobreviven a la pandemia”. Estas declaraciones del concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón Juan Carlos Redondo resumen el sentir de todo un sector que tras más de 40 días cerrados y sin ingresos, necesita encarar ya la senda de la recuperación económica con garantías. Redondo, junto al concejal del Grupo Municipal Popular Vicent Sales ha mantenido una reunión con el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de la Hostelería y Turismo (Ashotur), Carlos Escorihuela, y con el vicepresidente ejecutivo, Luis Martínez, ambos concejales han mantenido una nueva reunión ahora que el sector inicia su desescalada.
El panorama es “muy preocupante”, lamenta Redondo, según lo datos que maneja Ashotur, con las actuales restricciones el 50% de la hostelería sigue sin poder abrir, bien por que los locales no tienen terraza, bien por que las terrazas tienen un aforo tan reducido que les impiden ser rentables. Y frente a esto, “tenemos un gobierno que muestra cero sensibilidad cuando los hosteleros piden ampliar sus terrazas o, al menos, no vincularlas al aforo interior del local ya que son espacios muy reducidos, como pasa en la plaza Santa Clara. En lugar de aplicar una moratoria sobre la ordenanza municipal de ocupación del espacio público que contemple las características de estos locales, el gobierno de Amparo Marco lo que hace es recortarles mesas y sillas y les sanciona”, apunta Redondo.
Según Juan Carlos Redondo, la preocupación del sector es clara, “que una cuarta ola de repuntes de contagios por coronavirus les obligara de nuevo a cerrar del todo, después de que se haya perdido la Magdalena y la Semana Santa, el sector necesita garantías para planificar y aprovechar la campaña estival que pueden empezar a preparar desde ya mismo”. En este sentido, “urge elaborar un marco regulador que contemple todos los escenarios posibles para seguir manteniendo los negocios abiertos pese al repunte de contagios, no podemos caminar hacia adelante y volver atrás cuando la propagación del virus de vea de nuevo descontrolada”, explica el edil Popular.
En este sentido Redondo pide a las administraciones que sean sensibles y tomen nota de las necesidades reales de un sector que lleva soportado restricciones muy duras durante este año de pandemia donde se les ha criminalizado. El edil del PP denuncia la falta de apoyo institucional al sector turístico y a la hostelería “con ayudas insuficientes, que no llegan a todas las pymes y autónomos golpeados por la pandemia”.
“Desde Ashotur nos trasladan que lo que necesitan es trabajar para generar sus propios ingresos y que nunca más tengan que volver a bajar la persiana. El problema al que se ha visto abocado el sector turístico y, dentro de éste la hostelería, es de una grandísima magnitud, porque los cierres perimetrales de la Comunidad y de los municipios de más de 50.000 habitantes que pretenden restringir la movilidad, suponen una losa enorme para quienes dependen del flujo de visitantes, caso de los hoteles”, expone.
Además, y según un estudio realizado por la Asociación Nacional de Hostelería, hasta un tercio de las pymes del sector pueden acabar desapareciendo. En este sentido, Redondo insiste, “mientras las ayudas de las administraciones se retrasan y se quedan cortas, hay quienes las definen como ‘miseria’, además de no llegar a todas las pymes y autónomos afectadas por la pandemia, por ejemplo, el comercio se queda fuera, a lo que hay que añadir el excesivo papeleo burocrático que conllevan estas ayudas, el objetivo al que se debe aspirar debe ser mucho más ambicioso para afrontar una recuperación económica con plenas garantías”.
Los Populares mantienen que desde el Ayuntamiento se puede y se debe hacer más, “si Amparo Marco quiere ayudar, de verdad, a la hostelería que empiece por bajar el IBI, somos la tercera ciudad española que más caro lo cobra a sus vecinos”, apunta Redondo. Y añade: “Después de un año en pandemia, de lo que se trata es de gestionar mejor para frenar la sangría del paro que sólo en la capital ya alcanza las 16.048 personas desempleadas y que no retrasen más la aprobación del presupuesto porque después no tienen tiempo de ejecutarlo y les sobra el dinero que sí recaudaron a los vecinos pero no volvió a ellos en forma de mejores servicios, el ejemplo lo tenemos en el año pasado, por aprobar en septiembre las cuentas municipales se quedaron 35 millones en el tintero”.
“Otra traba impuesta por el equipo de gobierno de Amaparo Marco a la hostelería y en general a los establecimientos del centro es el control de vehículos mediante videocámaras, donde los no autorizados se enfrentan a multas de 200 euros”, recuerda Redondo. Una medida que ha desencadenado profundo malestar entre los afectados que, al no ser tenidos en cuenta, no se les consultó ni informó previamente, ya han iniciado una recogida de firmas pidiendo que dichas cámaras dejen de funcionar.
